El Gobierno de Asturias confía en aumentar su recaudación un 8%, captando 283 millones más que este año

El crecimiento –recogido en los presupuestos autonómicos para 2026 que este lunes aprobó el Gobierno regional y que ahora se encuentran en plena tramitación parlamentaria– se explica en base a la previsión de un incremento en la recaudación por impuestos indirectos, que pasan de 1.652 millones en 2025 a 1.861 millones en 2026, 210 millones de euros más, lo que equivale a un 12,7% más. Por su parte, los impuestos directos registran un aumento bastante más moderado, de 1.836 millones a 1.909 millones, creciendo exactamente en 73 millones de euros, un 4%.

Estas cifras, según explicó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación de las cuentas por parte del Gobierno, se basan en estimaciones que, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), no habrían tenido en cuenta la reforma fiscal recientemente aprobada en la Cámara asturiana, que afecta tanto al IRPF como al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En el caso del IRPF, el Principado calcula que la reforma tendrá un impacto negativo de 38 millones, mientras que en el caso del Impuesto de Transmisiones supondrá una recaudación de un millón más sobre lo previsto.

Por otra parte, también se aclaró que no se ha tenido en cuenta en esta previsión económica las nuevas deducciones fiscales introducidas en las cuentas. Concretamente, las dirigidas a personas con celiaquía, pero también la ampliación de la deducción por el primer hijo a cargo y la extensión de las deducciones fiscales para hacer frente a la despoblación. Estos tres puntos, calcula la Consejería de Hacienda, podrían suponer un impacto de unos 3 millones, que se suman a los 90 que habrían tenido las deducciones fiscales en 2025.

Con esta salvedad, el presupuesto autonómico prevé un incremento en la recaudación del IRPF del 2,3%, 38 millones en términos absolutos, coincidiendo exactamente con la cifra que calcula el Gobierno regional que dejará de recaudar como consecuencia de la reforma fiscal, que supone una rebaja en los tramos más bajos y una subida para las rentas más altas.