El Gobierno central tiene cinco meses para decidir si anula la prórroga del peaje de la autopita del Huerna hasta 2050
Daniel Ripa se adelanta al Gobierno de Asturias y solicita ya la revisión de oficio de la ampliación cuya legalidad cuestiona la UE. Si el ministerio ignora su petición le dejará abierta la vía judicial
Lo dijo el presidente del Principado, Adrián Barbón: la batalla del Huerna será social, política y jurídica. El primer frente dio lugar el pasado ... viernes a una manifestación con unos 5.000 asistentes (según la Policía Nacional), entre los que estaban representantes de todos los partidos (salvo Vox), agentes sociales y colectivos cívicos. Queda ahora por ver si esa imagen da algún resultado. Es decir, si el Ejecutivo autonómico es capaz de transformar la foto de esa protesta en una pieza que altere un tablero político en el que aparentemente no hay partida posible desde que el propio ministro Óscar Puente cerró la puerta al rescate de la autopista. Todo apunta a que la vía política sigue cegada, por más que se intentará reabrir con una declaración institucional conjunta en la que trabajan los gobiernos de Galicia, Castilla y León y Asturias.
Queda pues la vía judicial. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tiene convocada una reunión de la Alianza de las Infraestructuras para el lunes en la que detallará su hoja de ruta. Según avanzó en una entrevista en EL COMERCIO, el primer paso, ya dado, consistió en solicitar formalmente copia del expediente que en el año 2000 desembocó en el Real Decreto 392/2000 que prorrogó la concesión del Huerna; esa norma amplió su vigencia desde el año 2021 hasta el 2050. Tras analizar la documentación se pretende solicitar de oficio una revisión de la prórroga, al objeto de que se declare su nulidad. Si la administración central rechaza esa pretensión o deja vencer el plazo de seis meses, quedaría abierta la opción de plantear el recurso contencioso administrativo, esto es, provocar que los tribunales de España entren en la cuestión. También se explora la opción de iniciar otros procedimientos ante la justicia o en ámbitos comunitarios para acelerar un momento crucial: que sea el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) quien intervenga y dicte sentencia definitiva.
Vía prejudicial ya activada
El Principado prepara esas acciones y busca asesoría legal para emprenderlas, pero lo cierto es que ya hay quien le ha tomado la delantera activando esa vía. Se trata de Daniel Ripa, el exdiputado de Podemos que en 2021 denunció ante la Comisión Europea que la prórroga de la concesión vulneraba normativa comunitaria. Aquella acción (entonces cuestionada por el Principado y parte de su propio partido) propició que el pasado julio Bruselas emitiera su dictamen motivado, acto con el que puso fin a su investigación concluyendo que en efecto, hubo vulneración y requiriendo a España que reponga la legalidad.
En base a ello Ripa, ahora portavoz de la autodenominada 'Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No', presentó por registro el 18 de septiembre una solicitud de revisión de oficio del Real Decreto 392/2000 dirigida al Consejo de Ministros. El escrito defiende la legitimidad del exdiputado para iniciar esta acción en base a un auto del Tribunal Supremo que reconoció que «es cierto que los usuarios de la autovía pueden verse afectados por la prórroga de la concesión al tener que pagar el peaje unos años más por lo que pueden ostentar un interés legítimo en impugnar dicha resolución». Ese auto, de 2022, señaló que un grupo de conductores sí tenían la condición de afectados con capacidad de ir a los tribunales, pero desestimó su pretensión de anular el peaje del Huerna al entender que el plazo para plantear el recurso contencioso-administrativo había vencido.
La revisión de oficio y sus ventajas
La revisión de oficio salva ese escollo, dado que se puede activar en cualquier momento. Ripa avanza en esa línea apoyando su petición en el reciente dictamen de la Comisión, y también en una sentencia del TJUE de 2019 que tumbó la prórroga de un peaje en Italia. Según el exdiputado, ese fallo ha dejado sentado que a la prórroga del Huerna le era exigible que cumpliera una directiva de contratos públicos de 1993 según la cual un acto de ese calibre debía ser publicado en el diario oficial de la UE y abierto a un concurso público.
Son principios que «se incumplieron de manera manifiesta y flagrante», recuerda la petición de Ripa. En consecuencia el Real Decreto 392/2000 «fue un acto administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que constituiría «una causa de nulidad de pleno derecho», sostiene su escrito.
Cinco meses de plazo máximo
Ripa metió por registro la petición el 18 de septiembre y el 1 de octubre la completó con unos datos que le solicitó el Ministerio de Transportes. El reloj ha empezado a correr y le quedan cinco meses. Pasado ese plazo, si no hay respuesta del Gobierno, se entenderá que aplica silencio administrativo y el exdiputado quedará facultado a recurrir la nulidad ante el Tribunal Supremo. Si, antes de marzo de 2026 sí hay respuesta y es negativa, pasa igual, Ripa puede recurrir judicialmente la decisión.
Según los juristas consultados la iniciativa del exdiputado (hoy profesor universitario) no impide al Principado que emprenda la misma vía. Por de pronto Ripa ya ha recabado apoyos a su estrategia al otro lado del Huerna, reuniéndose con la Unión del Pueblo Leonés (UPL).
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