El Gobierno garantiza que los trenes circularán a más de 200 por hora entre Gijón y Lena en 2030

Se mantiene la obligación de que, en el mismo periodo, el tramo se adapte al paso de convoyes de mercancías de 740 metros de longitud (ahora solo permite 550 en servicio normal), además de incorporar el sistema ERTMS, lo que incrementa su capacidad. En 2025 España debería presentar un plan de migración que especifique con un análisis coste-beneficio si prevé que la línea se adapte al ancho de vía estándar y, caso de ser positivo, cuándo.

Hay cambios en los nodos urbanos, categoría en la que hasta ahora solo estaban ocho grandes ciudades españolas. El abanico se abre incorporando a Oviedo y Gijón. Eso supone la obligación de que dispongan en 2025 de un plan de movilidad que incluya repostaje de combustibles alternativos para el transporte público y sus nodos logísticos; además pueden lograr ayudas para materializar intercambiadores de pasajeros en 2030 y al menos uno de mercancías antes de 2040. Deberán entregar datos de movilidad a Bruselas y respaldar un tráfico menos contaminante.

En el resto, pocos cambios. El puerto de Gijón se mantiene en la red básica (con objetivos de mejora fijados a 2030) mientras el de Avilés sigue en la red global (con las mismas metas pero para 2050). La autovía del Cantábrico permanece, como desde 2013, en la red básica, lo que le da acceso a ayudas para recarga de coches eléctricos, instalación de gasineras, zonas de descanso y estudios de movilidad inteligente.

Desde el punto de vista asturiano, no se ha logrado incluir a la ZALIA entre las terminales multimodales de interés comunitario, ni para 2030 ni para 2050, siendo León la base más próxima. Tampoco mejora su posición la autovía Ruta de la Plata (A-66) ni se incluye la reapertura de la línea ferroviaria homónima, algo que pedían las cámaras de comercio y el gobierno extremeño.

En el debate emitido en abierto ayer, la ministra española, Raquel Sánchez, tampoco especificó que esas aspiraciones fueran las suyas. Dijo que la negociación había permitido «incluir casi todas las infraestructuras y nodos» que planteaba y solo verbalizó dos objetivos no conseguidos: mantener el Corredor Mediterráneo en su integridad (el pacto es reducirlo en un 20%, al pasar un tramo al denominado corredor Báltico-Adriático) e incorporar a la red básica la conexión ferroviaria Bilbao-Santander. El borrador lo mantiene como hasta ahora, entre los objetivos a procurar en 2050.

La ministra anticipó que «seguiría trabajando» para conseguir ambos cambios en las negociaciones que ahora se abran en el Europarlamento. También reivindicó «la necesidad de contar con financiación adicional para proceder a la migración al ancho internacional». El resto de socios aceptó incluir este tipo de obras entre las que deben recibir subvenciones con prioridad.

Adina Valean, la comisaria de Transportes, puso en cuestión parte de los cambios que los gobiernos nacionales han impuesto. Entre ellos hay un nuevo artículo que les faculta a solicitar que la obligación de migrar al ancho estándar quede exenta si presentan análisis de coste-beneficio que lo respalde. Un uso amplio de esa cláusula «podría poner en peligro la lógica de la red y no permitiría que alcanzáramos nuestros objetivos para crear una red más eficaz y cumplir el Pacto Verde Europeo», advirtió.

Valean también marcó distancias con algunos cambios en los mapas de prioridades. Tras consultar al ministerio español, el año pasado su equipo presentó una propuesta que rebajaba la ambición en Lena-Gijón. El reglamento en vigor incluye su adaptación a la alta velocidad en 2030 a más tardar. El ministerio confirmó que no tiene planes para ello, motivo por el cual la Comisión propuso que en la nueva norma la meta quede en una mejora de la línea convencional. La negociación con los ministros permitió mejorar los detalles técnicos de la propuesta, con cambio incluido para el segmento asturiano, para el que, queda dicho, se le plantean ahora velocidades de 200 kilómetros por hora.

«Tengo miedo de que tengamos problemas para conseguir la red básica en 2030», deslizó la comisaria en el debate. «Poner líneas en un mapa sin tener un plan no ayuda ni atrae financiación adicional», anotó. En la rueda de prensa posterior optó por mostrarse más conciliadora, exponiendo que si los gobiernos nacionales han incluido nuevas ambiciones espera «que sus proyectos lo respalden rápido, no que haya líneas en los mapas sin proyectos sólidos».