El Gobierno ignora el rechazo «profundo» de Asturias y prohíbe matar lobos

En segunda votación, y por un solo voto, venció ayer la propuesta ministerial de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que automáticamente le concede estatus de animal no cinegético y limita su caza a permisos excepcionales. Esa modificación, acordada en una convulsa sesión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, fue rechazada «de forma rotunda» por el Principado, que advirtió del «gravísimo problema de gestión» que supondrá para Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, «que albergan más del 95% de estos cánidos en España». De hecho, hoy mismo el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, se reunirá con sus homólogos en esas comunidades para «coordinar la oposición» a la medida. El Gobierno asturiano adelantó ayer que «los servicios jurídicos de estas cuatro autonomías analizarán tanto el acuerdo adoptado como las circunstancias en las que se ha producido, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir que se consolide una decisión que carece de fundamentos técnicos y científicos». Mostraron además su «profundo malestar con la actitud de la ministra Teresa Ribera y del secretario de Estado -el asturiano Hugo Morán- por no responder a su solicitud «para celebrar reuniones al más alto nivel y tratar este asunto». «Es un error haber hurtado la posibilidad de un debate real», lamentó Calvo. Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia indicaron que es la primera vez en la historia de esta comisión que un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el listado de protección especial sin haber alcanzado un consenso, especialmente con aquellas comunidades más afectadas.

Las críticas fueron asimismo dirigidas hacia la «debilidad» de la decisión, «alcanzada por una mayoría muy ajustada y nada representativa». La primera votación se saldó con un empate y «el ministerio pretendió usar el voto de calidad que le corresponde al presidente de la comisión para inclinar la balanza a favor de sus pretensiones, algo que los propios servicios jurídicos rechazaron». Tampoco convenció que Hugo Morán plantease «que la decisión final ante el empate la adoptase la ministra». En la segunda ronda, ocho comunidades votaron a favor y otras ocho en contra, «entre ellas algunas que nunca tendrán lobos en su territorio», incidieron en el Principado. Indicaron que «el voto a favor del representante del ministerio sirvió para aprobar la medida».

Para ser oficial, tendrá ahora que ser dictada por orden de la ministra de Transición Ecológica y publicada en el BOE. De ese modo quedará prohibido cazar el lobo ibérico en todos los rincones de España. Estos cánidos silvestres se convertirán en una raza con especial protección en todo el país, y por lo tanto no cinegética. Un estatus del que ahora solo gozan en la mitad sur, en los territorios ubicados por debajo del Duero, donde los lobos son un depredador casi inexistente. El cambio radical se registrará en las comunidades cantábricas, Castilla y León, La Rioja y Navarra, donde hasta ahora este animal -con entre 2.000 y 2.500 ejemplares en sus montes y campos- no gozaba de protección. En casi todas se permitía la caza controlada o se fijaban cupos anuales de sacrificio para evitar su proliferación. El consejero asturiano sostuvo ayer que el Principado «se ocupará de garantizar la continuidad del plan de gestión del lobo». «Si bien desde el ministerio se salvaguarda el plan de gestión del lobo en Asturias, creemos que hurta de una manera efectiva la posibilidad de seguir gestionando la especie con garantías», afirmó.

La propuesta venía avalada por un dictamen del Comité Científico de Fauna y Flora, conformado por expertos independientes, que en 2020 respaldó parcialmente la petición de protección de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico y aconsejó incluir al animal en el Lespre.Los naturalistas piden que en la nueva estrategia se haga compatible la protección con un plan de ayudas a la ganadería extensiva, complementado con indemnizaciones «rápidas y justas».