Los gobiernos del noroeste buscarán que el peaje deje de cobrarse si hay obras

Los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León no pueden personarse en un procedimiento del que solo son parte Bruselas y el Gobierno central, pero buscan cauces para acelerar que el caso llegue al TJUE. El Principado además prepara una solicitud a Transportes para que actúe de oficio y anule la prórroga de la AP-66, algo que ya ha solicitado por registro el propio Ripa. Cuando el departamento que rige Óscar Puente responda rechazando la idea o deje correr seis meses, Principado y Ripa quedarán facultados a llevar esta causa ante el Tribunal Supremo.

En paralelo, el Alto Tribunal acaba de modificar la jurisprudencia que era de aplicación en los casos en los que las autopistas están en obras. A raíz de una denuncia cursada por En Colectivo, con el apoyo del bufete BGI Law y la Fiscalía, el Supremo ha determinado que la concesionaria que explota la AP-9 debe devolver los peajes cobrados en los 81 días en los que se acreditó que las obras de ampliación de un puente derivaron en perturbaciones que la Dirección General de Tráfico (DGT) clasificó de nivel amarillo, rojo o negro.

Sostiene la sentencia que cobrar íntegros los peajes a unos conductores a los que no se previno de los atascos y que no tenían una vía alternativa a la que recurrir es un abuso.

En Asturias la UCE ha abierto un registro para tomar los datos de los conductores que hayan usado el Huerna en el último año y quieran aprovechar la nueva doctrina para reclamar la devolución de todo o parte de lo cobrado. Sustenta la petición en el argayo que mermó el servicio de la AP-66 y también en los cortes de calzada y carril que desde el verano ocasionan las obras de mejora de los túneles.

Desde la consejería que lidera IU, la Dirección General de Consumo ya avanzó que contactaría con sus homólogos en la Junta de Castilla y León para acelerar la aplicación de la nueva doctrina a la AP-66, con devolución de peajes y reducción de tarifas.

Hay sensibilidad para ello al otro lado de la cordillera. Desde la Consejería de Movilidad de Castilla y León confirman estar ya «evaluando la sentencia sobre la AP-9». «Al estar en contacto entre consejeros, no solo de Asturias y Castilla y León, sino con Galicia por el tema del peaje del Huerna, es uno de los asuntos que se tratarán para ver si la unidad entre comunidades ayuda a reforzar esa tesis», indican.

Los consejeros de los tres territorios «siguen en contacto permanente» al objeto de consensuar «una declaración institucional entre las tres comunidades para solicitar al Gobierno de España la información y el expediente de la ampliación y que se liberalicen ambas vías», detallan desde la consejería castellano y leonesa, en referencia a las AP-9 y AP-66.

Las iniciativas contaron ayer con el respaldo de una declaración institucional aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de León. El texto indica que las bonificaciones actuales en el Huerna «no son suficientes», que esta vía es «esencial para la actividad económica» y pagar por su uso «genera un agravio respecto a otros territorios sin gravamen». Por ello insta al Gobierno de España a que recupere la concesión «para transformar la vía de altas prestaciones en una carretera gratuita que facilite las conexiones entre Asturias y León».

También se mueve la esfera económica. El lunes en Oviedo se reunirán los presidentes de la Federación asturiana de empresarios (Fade), María Calvo; el de Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites y el de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Juan María Vallejo. El objetivo es «abordar los principales desafíos compartidos».

La declaración conjunta abordará, entre otros asuntos, la petición de la supresión de los peajes del Huerna y la AP-9, así como un impulso decidido a las obras ferroviarias pendientes en el Corredor Atlántico.