La Guardia Civil pide ayuda a los vecinos para identificar a los incendiarios

Prender fuego al bosque es un delito contra el que trabajan agentes, fiscales y jueces. Para dar castigo efectivo al autor requieren de pruebas incuestionables, lo cual es complicado dadas las dificultades de contar con testigos en espacios tan abiertos, amplios y de orografía accidentada como los montes asturianos. De ahí que el Principado tenga entre sus metas erradicar la denominada como «cultura del fuego», presente en parte de una ciudadanía remisa a denunciar a su vecino.

Cuando, pese a esas dificultades, se logran pruebas suficientes, las sentencias pueden llegar a ser rotundas. Lo sabe el asturiano al que la Audiencia Provincial condenó hace unas semanas como autor del fuego que en abril de 2017, durante la anterior oleada de incendios, provocó el que acabó consumiendo 590,49 hectáreas en los montes que rodean el embalse de Grandas de Salime. Por el despliegue en su extinción, el daño ecológico y el riesgo de contaminación del agua, los magistrados le condenaron a tres años y cinco meses en la cárcel, pagar 1,59 millones las administraciones, e indemnizar a los vecinos que perdieron sus fincas en una cantidad aún por determinar.