La huelga de magistrados y fiscales consigue suspender 128 juicios en todo el Principado

«Se han suspendido juicios civiles y penales, que de los once compañeros que hay en Avilés ocho están de huelga, que todos los de Siero están aquí protestando con nosotros», avanzaba a media mañana Juan Carlos García, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Asturias. El seguimiento de la protesta en la región fue, finalmente, del 42,8%, con un paro de 66 jueces de un total de 154. Hubo 61 señalamientos suspendidos en Oviedo, 31 en Gijón y 16 en Avilés. También fueron suspendidos nueve en Langreo, cinco en Mieres, cuatro en Infiesto, uno en Laviana y otro en Tineo. En total, 128. En la plantilla de fiscales más de la mitad de los profesionales se sumaron a la protesta.

«Hoy más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes», reivindicó Miguel Rodríguez, de la Asociación de Fiscales (AF), quien puso voz a parte de un comunicado consensuado por todos las asociaciones que representan a ambos colectivos. «La sociedad tiene que reflexionar que si todos los operadores jurídicos, esto es, jueces, fiscales y funcionarios, estamos protestando, es que algo está pasando», reclamó García. «Necesitamos más medios y más independencia; no puede ser que asistamos otra vez a este espectáculo de ver quién va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que se elijan a los vocales», abundó.

La protesta aúna así peticiones de un mejor servicio al ciudadano, con otras de carácter laboral. «No puede ser que fiscales y jueces sigamos siendo los únicos trabajadores con un permiso de paternidad de quince días, cuando a partir del 1 de enero los demás tendrán cinco semanas», se dolía Miguel Rodríguez. La anomalía estriba en que las condiciones que regulan a los representantes de este poder del estado vienen establecidas en una Ley Orgánica del Poder Judicial, que se mantiene inalterable. Ocurre parecido con otro de los caballos de batalla contra los que se levantó el PSOE cuando estaba en la oposición: la decisión aprobada por el Gobierno de Rajoy de marcar plazos máximos a las investigaciones judiciales, haciendo a los fiscales responsables de vigilar que se cumplan, o que se soliciten las prórrogas preceptivas antes de que expiren. «Es un brindis al sol; había en el Congreso proposiciones de ley para derogar esto, que están siendo bloqueadas, y en lugar de aprobarlas lo que han hecho ahora es presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a eliminar los plazos», afeó el representante de la AF.

Con el cambio de Ejecutivo y la llegada de la asunción de la cartera de Justicia por parte de la fiscal Dolores Delgado los profesionales alimentaron la esperanza de lograr una mejor atención, toda vez que la propia Delgado había participado en manifestaciones anteriores. «Sin embargo asistimos a un 'donde dije digo, digo Diego', hay una falta de voluntad total por resolver los problemas», recriminó Rodríguez. «Estamos incluso peor, porque avances que se habían logrado con el anterior Gobierno ahora no se reconocen», completó Juan Carlos García. El magistrado matiza que parte de las medidas por las que están pugnando «supondrían hasta un ahorro al erario público».

«Ahora hay una cerrazón insólita», lamentaba el magistrado en alusión a la actitud que han detectado por parte del Ministerio de Justicia. No en vano, reconocen, constatan una falta de voluntad para avanzar en la negociación que les ha llamado la atención e incluso sorprendido precisamente por estar al frente del citado departamento Dolores Delgado. «Ha sido una gran decepción», criticaron los fiscales asturianos sobre la ministra.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos el asturiano Ignacio Vidau, trasladaron su solidaridad a jueces y fiscales. Lo hicieron a través de un comunicado, en el que aseguraron apoyar las que calificaron como «justas y legítimas» reivindicaciones. Eso sí, precisaron que su posición institucional les impide sumarse a las medidas de presión colectiva.

Los presidentes dieron ser conscientes de las carencias que «crónicamente» sufre la Justicia. También lamentaron que los poderes legislativo y ejecutivo «continúan sin corregir» esos problemas. Todo ello, ha generado la que entienden es una situación «insostenible». Más medios, la mejora de sus condiciones laborales y la despolitización de la Justicia guían las reclamaciones de jueces y fiscales.

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