Juan Ponte

Director general de la Agenda 2030

«Incinerar residuos perpetúa la falsa idea de que se transforma en energía»

–Cuando IU tiene que presentar alegaciones a un plan de su Gobierno, ¿debemos interpretar que está fallando la comunicación interna?

–No. Es un proceso normal. El Pireca está en fase inicial y, desde IU, como socios de Gobierno, presentamos alegaciones constructivas. Y nos centramos en tres críticas: falta de concreción, error de planteamiento y escasa ambición.

–Empecemos por la primera.

–El plan fija objetivos pero no instrumentos para cumplirlos. Faltan metodología, calendario y cronograma. Ya en el anterior plan (Perpa 2014-2024) se fijó reducir un 15% los residuos y no se logró, lo que demuestra la poca eficacia de las políticas de prevención.

–¿Y qué propone IU?

–Dotación económica suficiente, sobre todo para los ayuntamientos. Reforzar y ampliar la red de puntos limpios, fomentar el compostaje, recuperar metales de los residuos electrónicos y promover la colaboración público-común. Y, por supuesto, una apuesta clara por la educación ambiental.

–La segunda crítica es el «error de planteamiento». ¿A qué se refiere?

–El Pireca predica la economía circular, pero no la aplica. Sitúa la incineración en el centro, cuando la economía circular prioriza prevenir, reutilizar y reciclar. Si ponemos la incineración en el centro, estamos atribuyendo al medio ambiente una capacidad infinita para asimilar contaminantes, y eso es falso. La economía circular se basa en prevenir en el origen y no lamentar las consecuencias.

–Y la tercera crítica: la falta de ambición.

–Desde IU pedimos una visión integral de la política medioambiental, basada en la justicia ecosocial o medioambiental. Esa visión se apoya en cuatro pilares: acción por el clima, políticas energéticas, protección de la biodiversidad y sostenibilidad en la gestión de residuos. Reducir emisiones, promover energías limpias y proteger ecosistemas debe ir de la mano de una gestión sostenible de los residuos, centrada en la prevención. Los procesos de combustión tienen un impacto ambiental negativo demostrado y nuestro objetivo es claro: proteger la salud de las personas y el cuidado del planeta.

–Dice que poner la incineración en el centro del debate es un error, pero se ha invertido mucho en una planta para convertir la bolsa negra en CSR y ahora el debate está en su modelo de gestión. ¿Qué propone?

–Lo primero: basta ya de gestionar la ineficiencia. Nuestra posición es de rechazo total a pagar por quemar, porque vulnera los principios de la economía circular. Hay alternativas a la combustión para tratar la fracción resto y deben estudiarse con rigor y consenso. No se trata de poner en el centro el CSR, se trata de reducirlo a la mínima expresión porque incinerar perpetúa la falsa idea de que los residuos se transforman en energía. En realidad, se convierten en residuos tóxicos (cenizas) que deben ir a vertederos especiales. Además, la valorización energética es una forma muy costosa e ineficiente de producir energía, es altamente ineficiente, genera una pequeñísima cantidad de electricidad y compite con los programas de reciclaje. Y hay una línea roja clara: la gestión de los residuos debe ser pública. Si una empresa privada gestiona residuos, busca beneficios, y eso implica generar más basura, justo lo contrario de lo que necesitamos.

–Aunque se consiga reducir al mínimo, sigue en el aire lo que se vaya a hacer con ese CSR. ¿Cuál debería ser su destino?

–Hay que estudiarlo, porque existen alternativas que ya se aplican en otros países. En todo caso, hay que reducirlo a la mínima expresión, como marca la normativa europea. Cuando se anuncian desde Cogersa inversiones de más de 90 millones para la gestión de esta planta, desde IU decimos que no pueden ir exclusivamente destinados a un sistema que está condenado al fracaso. Esos fondos deben orientarse al modelo alternativo: puntos limpios, compostaje, reciclaje electrónico, educación y fiscalidad verde.

–¿Pero qué hacemos con él? Porque primero se quería vender y ahora ya se plantea hasta pagar para que se lo lleven...

–Como nuestro modelo no es de gestión privada, nosotros no buscamos negocio económico para el lucro de empresas privadas. Para nosotros es un tema de salud. La idea es darle un destino final al CSR seguro mediante procesos de inertización para que no contamine. Hay ejemplos en Francia, Japón y otros países de los que daremos cuentas en las jornadas que IU organiza la semana del 24 de noviembre. La clave es ser realistas: siempre habrá una parte de vertido, pero debe minimizarse y centrarse la inversión en la prevención, que es lo que científicamente está demostrado que protege la salud y el planeta.

–Asturias aún está lejos del 50% de reciclaje. ¿Hay que incentivar o penalizar económicamente para aumentar la tasa?

–Incentivar. La ley estatal de 2022 establece el pago por generación: quien menos contamine, menos paga. No se trata de penalizar, sino de incentivar conductas responsables. Es un incentivo positivo: más reciclaje y separación significa pagar menos; más residuos e incineración significa pagar más. Además, hay que establecer deducciones y bonificaciones fiscales para los colectivos en riesgo de exclusión social. La fiscalidad debe ser verde, sin afán recaudatorio sino de protección medioamiental. Hay que bonificar la correcta separación y trasladar la responsabilidad económica a quien contamina.

–¿Este tipo de deducciones está encima de la mesa en los próximos presupuestos?

–Aún estamos en la fase inicial del Pireca. La negociación presupuestaria definirá qué medidas son prioritarias, pero debe hacerse con consenso y visión de urgencia climática.