Una inspección del Defensor del Pueblo al HUCA destapa errores en salud mental

Uno de los accesos al complejo hospitalario visitado por el Defensor del Pueblo. / MARIO ROJAS
Uno de los accesos al complejo hospitalario visitado por el Defensor del Pueblo. / MARIO ROJAS

Visitó el lugar tras la muerte de la joven Andreas y vio fallos en la información a las familias, el uso de contención y la notificación al juzgado

RAMÓN MUÑIZGIJÓN.

El 24 de abril de 2017 falleció Andreas, paciente de 26 años que había pasado 75 horas atada a una cama del HUCA. La autopsia atribuye el deceso a una meningitis linfocitaria añadida a una miocardía que no fue diagnosticada. El caso está bajo investigación judicial, con un informe forense que descarta que los siete facultativos investigados cometieran mala praxis y una pericial de los deudos sosteniendo lo contrario.

El Defensor del Pueblo visitó el lugar para analizar el funcionamiento de la unidad de Salud Mental. Su informe identifica errores en la arquitectura, falta de camas, cámaras, personal y fallos a la hora de dar parte al juzgado. El documento fue remitido a la Consejería de Sanidad como «sugerencia» de mejora y también se mandó copia a la Fiscalía.

Lo primero que sorprendió a los cuatro técnicos que visitaron el lugar es que la unidad esté en la quinta planta. «Tendría que ubicarse en la planta baja para que los pacientes pudieran salir al exterior»; no hacerlo así entraña riesgos de seguridad que fueron advertidos en la construcción del HUCA «pero que fueron ignorados».

El equipo carece de un terapeuta ocupacional y de un psicólogo clínico, y en la Unidad de Adolescentes existen «únicamente» cinco camas «aunque se trata de la unidad de referencia de todo el Principado». Eso provoca que «en muchas ocasiones, el menor ha de ser atendido en otras unidades del hospital hasta que haya una cama libre». A finales de mayo, por ejemplo, nueve menores estaban ingresados, cuatro de ellos fuera del lugar diseñado para ello. Para aliviar la presión, el Principado tiene previsto abrir en breve un hospital de día para menores con trastornos en Oviedo y probablemente otro, más adelante, en Gijón.

El informe critica la gestión que encontró sobre las medidas de aislamiento e inmovilización. En la zona de adultos las habitaciones son de dos camas, por lo que el paciente al que se le ponen las correas «puede coincidir con otros pacientes, peligrando así tanto la dignidad como la integridad del mismo, así como la de los otros pacientes, en contra de lo indicado por el Comité de Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes».

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La habitación donde se aplica la contención «puede ubicarse lejos de enfermería, por lo que no hay una persona próxima en el caso de que el paciente necesite avisar». Las dependencias «no disponen de timbre ni de sistema de videovigilancia, lo que conlleva que exista una peligrosidad añadida para el paciente», añaden. Estos son aspectos que tras la inspección el hospital manifiesta tener en vías de solución, con un encargo de cámaras y poniendo las contenciones cerca de enfermería.

Los técnicos del Defensor del Pueblo trataron de evaluar también si el uso de correas era excesivo, pero durante su visita no lograron un listado de las veces que se aplican. La información fue requerida por escrito y el HUCA remitió documentación que presenta nuevos problemas. En un segundo escrito que la web del Defensor del Defensor del Pueblo data en octubre, éste expone sus dudas por «el número de hojas y las fechas de inicio de las contenciones mecánicas aplicadas», con casos en los que los papeles aseguraban que al mismo paciente y el mismo día se le pusieron correas por espacios de tiempo que «materialmente son imposibles».

Los listados recibidos «no son nada fáciles de entender, no se puede conocer cuándo se coloca la sujeción, en qué momento se toman los signos vitales, si el paciente ha comido o ha ido al baño, etcétera». El Defensor del Pueblo concluye que «no son datos fiables. No se pueden obtener datos correctos sobre el número de contenciones o sobre los cuidados recibidos. Circunstancia que resulta preocupante y más cuando afecta a uno de los derechos fundamentales más importantes de las personas sobre esta cuestión».

Los informes tras la primera visita también recriminan que se había dejado de solicitar la autorización por escrito de quienes ingresaban voluntariamente, que «no en todos los expedientes» de pacientes llegados por la fuerza se dejaba archivada la hora exacta de ingreso y que, a veces, las comunicaciones de éstas al juzgado se mandaban firmadas y otras no. «Se observó que no se cumplimentan los partes de lesiones, ni se remiten a la autoridad judicial, en contra del criterio» establecido por el Defensor en casos de privación de libertad. «No parece que los pacientes y sus familiares tengan la suficiente información sobre los tratamientos aplicados», afearon los técnicos tras la visita. De este bloque de reproches el hospital respondió también asegurando que tomaba nota y había cambiado tanto su forma de comunicarse con el juzgado como la información dada a los familiares de los pacientes.