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CHELO TUYA
GIJÓN.
Lunes, 3 de junio 2019, 01:58
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El Principado versus el Principado. El Instituto Asturiano de la Mujer ha emitido un informe contra el Servicio de Salud del Principado (Sespa). En el documento, firmado por la directora del organismo del que dependen las políticas de igualdad, Almudena Cueto, se le insta a «erradicar la discriminación» que la red sanitaria pública ejerce sobre las médicas que se quedan embarazas.
El informe ya ha sido remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer tanto al Sespa como al Sindicato Médico del Principado (Simpa), que lleva desde 2016 denunciando la mala situación en que se encuentran las doctoras con contrato eventual, que pierden puntos en la bolsa de empleo e ingresos de las guardias durante su baja maternal.
De hecho, la resolución de Cueto llega tras el encuentro que, el pasado 23 de abril, mantuvo con la cúpula del Simpa, representada por el secretario general, Antonio Matador; el presidente de Atención Especializada, Jesús Antonio Vidal; la vicepresidenta, Begoña Paredes, así como la especialista en violencia de género Rocío Fernández
En la cita, celebrada en el Instituto Asturiano de la Mujer, los sindicalistas le trasladaron que las médicas eventuales pierden puntos y salario cuando se encontraban de baja por maternidad. Tal y como adelantó EL COMERCIO, Almudena Cueto les pidió que plantearan la denuncia ante la Ventanilla contra la Brecha Salarial, lo que la responsable del Simpa Rocío Fernández hizo el 26 de abril. En aquel momento, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer ya dejó claro que la petición de las médicas con contrato eventual en la sanidad pública «tenía toda la legitimidad».
Doce días después, tras analizar toda la documentación presentada y buscar asesoramiento jurídico, el Instituto Asturiano de la Mujer emitió un informe en el que se insta al Sespa a que «dicte nuevas instrucciones que garanticen el derecho efectivo a la igualdad» en el acceso y el sueldo.
Unas nuevas instrucciones que deben «establecer una alternativa que haga practicable el derecho de las facultativas a percibir durante los procesos de incapacidad temporal que son consecuencia directa de su estado de gestación, en los descansos por maternidad o permisos por lactancia natural, la retribución que ya venían percibiendo por el concepto de guardias médicas, sin menoscabo de sus ingresos».
Apunta, además, que el Sespa no debe excluir «la posibilidad de nombrar en la oferta que les corresponda a las facultativas disponibles en la lista de contratación que se encuentren en situación de descanso por maternidad, obligándolas de contrario a renunciar a su contratación».
Asegura que «no es equiparable esta situación al supuesto de falta de capacidad funcional para el desempleo de las tareas propias de su puesto ni se excluye la posibilidad de sustituirla durante el periodo de descanso obligatorio de la mujer».
Confía ella en que «con este informe el Sespa actúe», porque entiende que el documento prueba «que teníamos razón: se estaba discriminando a las médicas que se quedaban embarazadas», algo «inconcebible» en una Administración pública, considera.
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