«Los jueces deberían recibir formación desde la perspectiva de género»

«Los jueces deberían recibir formación desde la perspectiva de género»
Ángeles Alcedo, Cristina Valdés, Santiago García Granda, Almudena Cueto y Yolanda Fontanil. / M. ROJAS

La abogada Amalia Fernández defendió en la apertura de las II Jornadas '#Metoo' de la Universidad que «nunca se debió tolerar que una violación se considerase un abuso»

AIDA COLLADO OVIEDO.

El 'caso de La Manada' marcó un antes y un después. Fue un revulsivo para muchas mujeres, que dijeron «basta». Pero no se avanzó todo lo que, en opinión de la abogada Amalia Fernández, se debiera. «La posición de la Justicia debería haber sido la de exigir más formación para los jueces, más medios para que esto no se repita», exigió desde una postura más que crítica con el fallo de la Audiencia de Navarra. Uno de los problemas, dice, es que a la hora de establecer las penas «dejamos muchos elementos a la subjetividad de las personas que tienen que dictar sentencia». Y que los encargados de hacerlo no reciben formación «especializada desde la perspectiva de género».

La letrada pronunció ayer la conferencia inaugural 'Política y sociedad contra la violencia sexual hacia las mujeres', dentro de las II Jornadas '#Metoo' de la Universidad de Oviedo.

Fernández, socia de Mujeres Juristas Themis, puso sobre la mesa algunos datos para contextualizar su discurso. Más de mil mujeres son violadas cada año en España. Tres al día. Una cada ocho horas. Y en cuanto a los abusos con alcohol mediante, este no solo sirve para anular la capacidad de consentimiento de la víctima, sino que también supone un elemento de defensa para los agresores, «que obtienen una ventaja en la pena».

En el edificio histórico universitario profundizó sobre la «futilidad del cuerpo de las mujeres en cualquier terreno. Un cuerpo que parece que está al servicio del deseo del hombre». E hizo especial hincapié en la indefensión de los casos de mujeres con discapacidad. También alertó de que el mapa de 'las manadas' se extiende por España y repasó algunos puntos clave del proceso judicial. «A alguien le cogen trapicheando y cuando se trata de un número considerable de papelinas va a prisión. Nunca se ha hablado de que esto suponga un adelantamiento de la condena», dijo en referencia al debate sobre la prisión preventiva de los acusados de violación. Otro ejemplo: en Navarra se alteró el orden de las declaraciones, algo inaudito, «dejando que los acusados diesen su versión tras escuchar a los testigos y los peritos para que pudiesen corregir sus contradicciones».

Fernández evaluó los cambios realizados en el Código Penal y se refirió a la legislación actual, que diferencia entre agresión sexual -cuando se atenta contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación, penada de seis a doce años- y abuso sexual, cuando no existe violencia, intimidación ni, tampoco, consentimiento. «Nunca se debió tolerar que la violación, entendida como la penetración con pene u objetos, fuese considerada un abuso», defendió Fernández. Hoy, los estados de la Unión Europea han procedido a revisar el delito de violación «y, en todos, la falta de consentimiento explícito está siendo el principal elemento a considerar». Así, la abogada concluyó que la finalidad de la justicia es la igualdad y «tiene que tener en cuenta las asimetrías entre mujeres y hombres, porque quien trata igual a los desiguales profundiza en la discriminación».

El rector, Santiago García Granda, participó en la inauguración de las jornadas, apelando a la obligación de las instituciones a «velar por el respeto a los derechos que reconoce la Constitución» y llamando a «tomar verdaderas cartas en el asunto para acabar con esta lacra».

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, también marcó como objetivo prioritario la colaboración «entre Principado, Universidad y agentes que trabajamos en la materia».

 

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