El juez concluye que dar por muerto al 'preso resucitado' «tenía fundamento médico sólido»

Familiares de Gonzalo Montoya, manifestándose en el HUCA en enero de 2018, después de que el reo fuera ingresado. / ALEX PIÑA
Familiares de Gonzalo Montoya, manifestándose en el HUCA en enero de 2018, después de que el reo fuera ingresado. / ALEX PIÑA

La Audiencia y la fiscalía creen que el consumo de drogas y «la falta de constantes vitales» avalan que se certificase el fallecimiento de Montoya

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

Al preso Gonzalo Montoya le encontraron inmóvil en la celda 34 del módulo 8 durante el recuento. Los servicios médicos de la prisión asturiana certificaron su muerte pasadas las ocho de la mañana y autorizaron que el cuerpo se introdujera en una bolsa para que un vehículo de Funerarias Santa Teresa lo trasladara al Instituto de Medicina Legal. Antes de practicársele la autopsia, el reo evidenció que estaba vivo y requería asistencia sanitaria urgente. Pasó diez días ingresado en el HUCA antes de volver al penal. Su historia demuestra que algo falló en la cárcel aquel mes de enero de 2018 y para pedir explicaciones los letrados del afectado -del despacho de Luis Tuero Fernández- activaron dos procesos. De un lado denunciaron al director de la prisión como responsable institucional de un presunto delito de lesiones por imprudencia. Además han reclamado a Instituciones Penitenciarias 50.000 euros por daños y perjuicios.

La primera vía quedó ayer seriamente mermada. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo descartó en abril del pasado año las pruebas solicitadas por el letrado, Iván Cortina, y en mayo ordenó el archivo de las pesquisas al entender que no se acreditó el delito. Lo hizo todo ello con el respaldo de la Fiscalía y contra ambas decisiones el abogado recurrió ante la Audiencia Provincial. Un año ha tardado la Sección Segunda en posicionarse en la cuestión.

En su auto la Audiencia coincide en que, efectivamente, no es necesario que la prisión remita el informe interno abierto tras el suceso, ni que el SAMU explique el traslado del reo; tampoco que el Instituto de Medicina Legal aclare cómo fue la llegada del cuerpo y hasta qué punto tenía la autopsia preparada. La Sección Segunda descarta asimismo que Instituciones Penitenciarias deba informar si tras el incidente modificó los protocolos que sus médicos siguen antes de certificar la muerte de los reos, como así ha sucedido y desveló en su día EL COMERCIO.

Todas estas pruebas las había solicitado el letrado Iván Cortina para aclarar las responsabilidades penales por el error médico, pero la Audiencia entiende que «resultan en principio excesivas por su multiplicidad y complejidad» y además «no son, al menos por ahora, pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho».

La Sección considera que «con gran acierto» la instructora ciñó la investigación a recabar la analítica de sangre de Montoya para acreditar las sustancias que había consumido antes de aparecer rígido en la celda. La defensa del reo no discute que su cliente había tomado drogas, pero argumentaba que la posible negligencia residía en otra parte. La instructora, con el respaldo de la fiscalía y, ahora, con el de la Audiencia, acotó el caso. La analítica, además de la aparición junto al cuerpo del reo de papeles de plata quemados y unos blíster de pastillas usados afianzan que «la muerte que de forma errónea se creía, tenía un fundamento médico sólido, no solo en la falta de constantes vitales sino además en el previo consumo de tóxicos». Los rastros de droga y esa falta de pulso «explican médicamente el error cometido en la creencia de que el recurrente estaba muerto», asienta.

Ese fue el esquema aplicado por la instructora para cerrar el caso una vez recibida la analítica, y que parece que todo apunta será ratificado por la Audiencia. Montoya regresó a la prisión en febrero como sospechoso de un nuevo robo. Queda pendiente la reclamación patrimonial que cursó.