El juez pide documentación de Gitpa a la Junta General

El juez pide documentación de Gitpa a la Junta General

E. C. GIJÓN.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (Gitpa), ha enviado un oficio a la Junta General para que le remita diversa documentación aparecida durante la comisión de investigación realizada en sede parlamentaria y, en especial, sobre quien fuera director gerente de la empresa, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos.

En concreto, el juez se interesa por la subida unilateral de su sueldo, en 2010, «esquivando, supuestamente, así el recorte aprobado por el Ejecutivo asturiano el año anterior, sin que dicho aumento se hubiere acordado por el consejo de administración». También reclama la documentación sobre la adjudicación de contratos por más de 75.000 euros a la empresa Twister Will, «de la que el hijo de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos era administrador único y socio al 50%».

Fibra óptica en el occidente

Además, el oficio pide a la Junta General el soporte documental de la «supuesta vulneración» de los principios de publicidad y concurrencia en la contratación de obras, y de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la de personal; la de contrataciones menores, sucesivas, por importe superior a 2,5 millones de euros; la reiteración en la contratación de la entidad Aggaros con la que tanto Rodríguez Bañuelos como su hijo «tuvieron vinculación o relación laboral», y sobre las presuntas irregularidades en el inventario de terminales ópticos de usuario adquiridos y disponibles.

La gestión de Gitpa lleva bajo investigación judicial desde 2015 por un presunto delito de prevaricación administrativa y tiene a cinco de sus directivos imputados. Hasta el momento, se ha llevado a efecto la declaración de algunos testigos, como empleados de la empresa pública y personal de la Consejería de Empleo. Todo comenzó por una denuncia sobre la extensión de la red de fibra óptica por el occidente de Asturias, aprovechando las vías de Feve. El Observatorio Anticorrupción y el PP ejercen la acusación popular.