La Junta urge al Principado una investigación sobre el control de heces en Sograndio

Centro de Sograndio. /Mario Rojas
Centro de Sograndio. / Mario Rojas

Ciudadanos, Podemos, IU, Foro y Vox rechazan esa práctica, mientras que el comité de empresa confirma que, al menos, se aplicó en un caso

CHELO TUYAGIJÓN.

«No sé a quién se le ocurrió tal cosa, pero es una barbaridad». La portavoz de IU, Ángela Vallina, resumió el sentir de la mayoría de grupos de la oposición en la Junta. Como ella, Ciudadanos, Podemos, Foro y Vox salieron ayer en tromba para poner el grito en el cielo contra el control de heces realizado en Sograndio. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el único centro de internamiento juvenil de Asturias, el Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil Sograndio, intentó frenar la entrada de droga en el dispositivo con un control de heces. A la vuelta de un permiso, los menores debían defecar en una bolsa para que los vigilantes de seguridad comprobaran que no ocultaban droga en el ano. Así lo denunció la Asociación de Vigilantes de Seguridad de Asturias (Avispa), ya que la tarea se encomendó a los vigilantes, que se negaron a llevarla a cabo.

«Tenemos constancia de que se realizó esa práctica en un caso, pero se trató de una sobreactuación. Los profesionales se negaron a hacerlo y, por supuesto, nunca aceptaremos que se convierta en protocolo», aseguró Eva Hernández, representante de Comisiones Obreras en el comité de empresa del centro.

Tampoco los grupos en la oposición en la Junta van a aceptar que la medida, «sin precedentes en ningún centro de internamiento para menores o para adultos en el país», recordó Avispa, se convierta «en un protocolo a seguir. El Principado debe averiguar de quién partió la orden y qué se persigue con ello», reclamó la portavoz de Podemos, Nuria Rodríguez.

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Ella, como Vallina, se pregunta si «¿se han tenido en cuenta los derechos de los menores y de los trabajadores?». La portavoz de la coalición considera que «no es aceptable atentar contra los derechos de los menores, a los que se supone que estamos protegiendo, y de los propios trabajadores», señaló.

«Hoy es el tema de los análisis de heces, como ayer lo fue el Informe de la UE sobre presuntas torturas, o los incidentes y las continuas quejas de los trabajadores por la falta de medios y de personal, así como de protocolos de actuación. Es evidente que en Sograndio tenemos un problema grave y que todas estas noticias no son más que síntomas de un mar de fondo que no se puede seguir obviando por más tiempo», aseguró Ana Coto.

En opinión de la portavoz de Ciudadanos, «la propuesta del análisis de heces denota, sin lugar a dudas, que en Sograndio existe un problema grave de consumo de drogas entre los internos, lo que nos lleva otra vez al aparente fracaso de la gestión del centro, y a la necesidad que el Principado adopte medidas urgentes».

Comisión Asesora

Unas medidas que pasan por «poner en marcha la Comisión Asesora de Sograndio», reclama Nuria Rodríguez. Este órgano fue creado el año pasado y solo ha celebrado una reunión. «Sin que hayamos visto que se hayan mejorado ni las condiciones laborales ni el plan educativo, como piden los profesionales del centro», lamentó la diputada.

Porque, como explicó Pedro Leal, vicesecretario de Coordinación Institucional y diputado de Foro, «el control de drogas en un centro de menores debe ser fundamental, pero siempre respetando todas las partes del proceso». Reclamó, además, «que sean profesionales de cada ramo los que se encarguen de realizar los controles en función del tipo que sea. Es decir, para un cacheo, un vigilante de seguridad; para control sanitario, un profesional de la sanidad».

Entiende Sara Álvarez Rouco, diputada de Voz, que «es lógica la negativa y la indignación de los profesionales encargados de la vigilancia, que están en su derecho de pedir que se depuren responsabilidades ante exigencias tan alejadas de todo proceso habitual, más aun cuando tan solo han sido enunciadas verbalmente por parte de la dirección».

En su opinión, «la improvisación y la falta de rigor en la organización no pueden tener presencia en centros tan conflictivos como el de Sograndio. Se trata de actividades cuyos protocolos deben estar convenientemente contrastados, certificados y verificados. No caben errores como el que ahora se denuncia».

Porque, para Ciudadanos, esta práctica es «una medida invasiva», por lo que adelantó que «seremos muy estrictos. Deberá estar en todo caso enmarcada en un conjunto de medidas educativas y de acompañamiento a la inserción social de los menores que se muestren eficaces».