Los juristas asturianos advierten de «enredo jurídico» tras el fin del estado de alarma

Fuera del paraguas del estado de alarma, las autonomías necesitan contar con la aprobación de los tribunales superiores de justicia (TSJ) para poder aplicar medidas restrictivas que colisionen con derechos fundamentales como el de reunión o movilidad. El de Asturias, en concreto, se veía en disposición de poder resolver estos asuntos en un plazo de 48 o 72 horas, con el ánimo de agilizar las situaciones que pudieran producirse.

Pero desde Moncloa se ha decidido dar un paso más para proporcionar a los gobiernos autonómicos un mayor margen de maniobra, permitiéndoles recurrir en casación ante el Supremo los autos adversos de los TSJ, algo que hasta ahora no era posible. Para empezar, «que se modifiquen las competencias del Tribunal Supremo por decreto ley es insólito», apunta Tolívar. Por no hablar de las consecuencias que dicha modificación pueda tener a efectos prácticos, matiza el jurista asturiano.

Aunque se han acortado plazos para agilizar los procedimientos de casación relacionados con la pandemia, la opción elegida por el Gobierno «no permitirá la inmediatez necesaria», considera la catedrática en Derecho Administrativo Miriam Cueto. «El Supremo, pronunciándose sobre medidas que son autonómicas, y que pueden llegarle al mismo tiempo desde diferentes comunidades... No creo que esta solución vaya a solventar las situaciones que se puedan presentar, aunque solo sea por una cuestión de agilidad», sostiene.

También coincide en aventurar «un escenario muy complejo» tras este domingo el abogado Javier Junceda, especializado en procesos contencioso-administrativos. Si bien los recursos de casación pueden ir acompañados de una petición de medidas cautelares, para ir avanzando en aquellas decisiones administrativas que puedan ser objeto de discrepancia entre un gobierno autonómico y el tribunal superior de justicia que corresponda, no hay que olvidar que «también podrán recurrir los colectivos que se sientan afectados», complicando una coyuntura que ya de por sí no es fácil de gestionar.

«Si se hubiese hecho una ley covid como en otros países europeos, no estaríamos así», asegura Junceda, que, ya de mano, no es muy partidario de que se trasladen al poder judicial las decisiones administrativas relacionadas con esta situación sanitaria tan excepcional. La cuestión es que, en cuanto decaiga el estado de alarma, «el gobierno asturiano no podrá impedirnos entrar o salir de una ciudad, sólo confinar aquellos espacios donde exista constancia fundamentada de una alarma sanitaria».

Y siempre con autorización judicial, ya sea del Tribunal Superior de Justicia de Asturias o del Tribunal Supremo, cuyos dictámenes sentarán jurisprudencia. Algo que unos ven como una forma de unificar criterios en todas las comunidades autónomas y los juristas consultados, pie en tierra, ponen en cuestión: «Para empezar, lo que se vive en el País Vasco, por ejemplo, no tiene por qué servir para Asturias».