La Protectora podrá recurrir el rechazo del Pleno de Carreño al proyecto de perrera

La Fundación Protectora de Animales de Asturias, finalmente, podrá recurrir contra el acuerdo plenario que denegó el proyecto de centro veterinario y canino en la parroquia de Tamón. Así se lo comunicará el Ayuntamiento de Carreño, que ha establecido un plazo de dos meses para la presentación de reclamaciones. La confirmación llegó ayer de la mano del concejal de Urbanismo, Gabriel Rodríguez.

De esta manera, el Consistorio declina dar traslado del proyecto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación de Territorio de Asturias (CUOTA), para ser sometido de nuevo a otra evaluación. Ahora, a la Protectora solamente le queda la opción de que su recurso reciba el visto bueno de la Corporación municipal. De lo contrario, deberán ser los tribunales de justicia los que dictaminen sobre la legalidad del plan.

Esta última alternativa supone para la portavoz de la Protectora, Alejandra Mier, una mayor dilación del proceso. «De existir dudas legales entre los partidos políticos, lo más lógico sería que realizasen las consultas necesarias antes de paralizar el proyecto. En ningún caso dar carpetazo a una tramitación que hicimos siguiendo con todo detalle las instrucciones que nos dieron tanto desde el Ayuntamiento como desde la CUOTA».

Igualmente, Mier señala que, de no haber sido con su consentimiento, «nunca hubiéramos adquirido una parcela de 30.000 metros cuadrados en la zona del concejo donde nos indicaron».

Un plan de interés público

De hecho, dentro de las alegaciones recogidas en el nuevo proyecto, se defendía el interés público de la instalación. Y es que, según se subrayaba, la ley 13/2002 del 23 de diciembre del Principado de Asturias, establece que los ayuntamientos deben disponer de un depósito de animales. Equipamientos que tendrán que estar destinados a su recogida y mantenimiento dentro del término municipal. En el caso del concejo de Carreño, el Consistorio carece de las instalaciones necesarias, «hecho que motiva la elección de este municipio y justifica plenamente el interés social de esta dotación», rezaba el proyecto.

La inversión superaría los 300.000 euros, «Tanto el enclave como las dimensiones físicas del proyecto fueron diseñadas para cumplir escrupulosamente con lo que establece la ley en materia de las actividades molestas», concluyó Alejandra Mier.

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