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PEPE G.-PUMARINO
CANDÁS.
Viernes, 18 de mayo 2018, 00:10
El grupo municipal de IU de Carreño acusó al equipo de gobierno socialistas de «abocar el edificio del siglo XIX al derribo al seguir sin figurar dentro del catálogo urbanístico para su protección». Su portavoz, Ángel García, explicó que durante la comisión municipal de Urbanismo celebrada el pasado martes, «hicimos preguntas al respecto de la tramitación del expediente para su conservación y lo único que recibimos fue un 'no' tajante por respuesta por parte del concejal responsable del área».
Para el PP, las consecuencias de esta «pasividad» del ejecutivo son que, tras finalizar el periodo de alegaciones para la demolición de este inmueble, «se precisaría de una mayor agilidad para incluir en ellas la protección o, de lo contrario, la protección de nuestro patrimonio está en un alto riesgo», manifestó el concejal. En su opinión, esta actitud de los socialistas «es incomprensible y no tiene ninguna explicación, además de incumplir un acuerdo plenario de hace dos meses, que es anterior a la finalización del plazo de alegaciones para proceder con su catalogación». A la vista de los hechos, García, aseveró que, «en este asunto está claro que no existe la menor voluntad política en la defensa de este bien patrimonial de interés arquitectónico».
Hasta el momento, la única respuesta ofrecida por parte del equipo de gobierno al respecto fue que el edificio pudo haber sido incluido en el inventariado de bienes protegidos . Este trámite se debió hacer durante el periodo de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según explicó entonces el concejal de Urbanismo, Gabriel Rodríguez. Un argumento que fue rebatido en la sesión plenaria del pasado mes de marzo mediante una moción del grupo municipal de IU que contó con el respaldo del PP y Somos Carreño. En la misma quedó demostrado que hubo interés por parte de la propiedad del inmueble de solicitar su protección, todo ello al amparo de dictámenes del Principado y de sentencias judiciales.
La causa que motivó el anuncio de la Demarcación de Costas de Asturias de iniciar el proceso de su demolición no fue otro que el vencimiento de la concesión otorgada en 1938, vinculada entonces a una nave industrial conservera y de viviendas para el personal de la misma. Pero las pruebas documentales expuestas por IU demostraron que esta autorización no es tal al tratarse de un inmueble construido muchos años antes de la concesión. En ellas se ratifica que su primera construcción data de 1895, destinada a albergar un comercio de ultramarinos.
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