Los acusados en el caso de las piscinas de Corvera comenzarán a declarar el día 24

Miguel Villalba junto a su hermana Elena. / S. L.
Miguel Villalba junto a su hermana Elena. / S. L.

El juicio arranca este lunes en Oviedo con 75 testigos llamados a declarar, entre ellos el actual alcalde y funcionarios municipales

YOLANDA DE LUISAVILÉS.

El juicio del 'caso Aquagest' arranca este lunes, a las diez de la mañana, en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el palacio de Valdecarzana de Oviedo. En las tres primeras sesiones, que se celebran los días 14, 15 y 16, se dilucidarán las posibles cuestiones previas que puedan plantear las defensas, la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Corvera y la Fiscalía. Será a partir del día 24 y hasta el 31 cuando declaren los acusados en este caso: los exconcejales de ASIA, Miguel Ángel Villalba y Elena Villalba, así como la madre de ambos y el exnovio de la primera; el exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, y los exconcejales Ana Belén Toro (USPC) y Luis Solares (PP); cuatro directivos de la empresa Aquagest y la propia compañía.

El juicio se alargará hasta el 20 de diciembre y están llamados a declarar en él 75 testigos, además de los peritos de las partes y los agentes que participaron en la investigación, están citados el alcalde de Corvera, Iván Fernández, funcionarios de ese Ayuntamiento como el secretario municipal, el fundador de IDEAS, Juan Morales y trabajadores de Aquagest en aquel momento. El juicio se celebra en Oviedo por carecer los juzgados de Avilés de una sala suficientemente grande para acoger a todos los acusados y sus abogados.

Según el escrito de acusación, entre los años 2009 y 2011, Villalba ideó junto a su hermana y los directivos de la empresa de aguas, «un plan destinado a obtener fondos de la mercantil con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar las actividades de su partido, a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas, al amparo de su posición política y relación con otros cargos públicos».

Para ello, los hermanos Villalba, según sostiene la Fiscalía, «constituyeron una comunidad de bienes, utilizando personas interpuestas, con el propósito de ocultar su identidad, y confeccionaron facturas, por cuenta de terceros sin relación con los hechos, por servicios no prestados o por importes superiores a los debidos, todo ello como medio para justificar las cantidades de dinero recibidas y darles una apariencia de licitud». Se incluye también en el escrito de acusación las supuestas «irregularidades» cometidas en la contratación de las piscinas de Corvera y su posterior gestión.

Para Miguel Ángel Villalba, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de medio millón de euros por un delito de falsedad en documento mercantil, así como otro delito de cohecho; lo mismo solicita para su hermana. Mientras que para su madre y el exnovio de Elena Villalba la petición es de cuatro años, en el primer caso por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de cohecho, y en el segundo, al entender que «participaba en el entramado de las empresas de los hermanos Villalba».

El exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, se enfrenta a una petición de pena de tres años de cárcel por fraude en concurso medial y prevaricación administrativa. Los dos exconcejales de su gobierno de coalición afrontan la misma petición de prisión por delitos de fraude en concurso y prevaricación administrativa. Mientras, para los directivos de Aquagest la Fiscalía pide cuatro años de prisión para uno de ellos como cooperador necesario de un delito de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, y a los otros tres cuatro años por cohecho, además de medio millón de multa para cada uno de ellos. A la propia empresa también le reclama el fiscal medio millón de euros de multa por un delito continuado de cohecho.