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El Ayuntamiento obtiene la orden judicial que da acceso al interior del chalé de Salinas

Los técnicos tienen un mes para realizar el acta de replanteo y otros quince días para entregar el informe al juzgado

S. GONZÁLEZ

SALINAS.

Domingo, 21 de enero 2018, 01:03

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El Ayuntamiento de Castrillón ya ha obtenido la orden judicial necesaria para poder acceder al interior del chalé de Salinas, propiedad de José Aurelio Rivero. Esta autorización llega después de que en diciembre los técnicos municipales y los responsables de la empresa adjudicataria de las obras de demolición acudieran a la vivienda para realizar el acta de replanteo y no pudieran entrar al no estar presente el propietario.

El juez concede el visto bueno para que los técnicos entren en la vivienda para analizar su estado real con el fin de elaborar el acta de replanteo necesario antes de iniciar las obras de demolición. Ahora el Ayuntamiento dispone de un mes de plazo para realizar este informe, en el que se valorarán todos los parámetros, desde la estructura hasta las redes de electricidad o gas, entre otros. El Consistorio cuenta con un proyecto de demolición hecho y con el visto bueno de los dos juzgados que llevan el caso, pero este se elaboró el año pasado en base a los proyectos originales.

Ahora queda saber si el interior de la vivienda ha sufrido cambios que requieran la modificación de ese proyecto de demolición, que se adjudicó a la empresa Copcisa, por más de 92.000 euros. Una vez los técnicos accedan al interior tendrán otros quince días para elaborar el preceptivo informe y enviarlo a los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo como parte de la ejecución de la sentencia que condena al Ayuntamiento a hacer frente al derribo de las ampliaciones realizadas en la vivienda.

Estos trámites burocráticos dilatarán más el proceso de derribo, que lleva pendiente años desde que los propietarios del inmueble vecino denunciaron que no se había cumplido el Plan General de Ordenación Urbana vigente en aquel momento. Desde el Ayuntamiento tienen fiscalizado por el juez todos los pasos a dar para que se ejecute el derribo, a pesar de que tanto el Consistorio como los propietarios han presentado recursos y peticiones de inejecución de la sentencia, todos ellos rechazados en el juzgado.

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