La batalla judicial por los ruidos de la autopista seguirá por la vía administrativa

El Ayuntamiento de Corvera no cesa en su lucha contra el Ministerio de Fomento para buscar una solución al problema de los ruidos que genera la autopista a su paso por el concejo, en concreto por la parroquia de Trasona. Tras haber agotado las opciones por la vía penal, el equipo de gobierno local ha anunciado una nueva denuncia por la vía contencioso-administrativa, tal y como explicó ayer el alcalde, Iván Fernández, a los representantes del movimiento asociativo de Trasona.

El Ayuntamiento de Corvera lleva invertidos en este proceso un total de 43.500 euros, según señaló el alcalde, matizando que 5.999 euros se destinaron al estudio de niveles de ruido que se llevó a cabo en la zona y los otros 37.510 fueron gastos legales. Según recordó Fernández al término de la reunión con los representantes vecinales, la batalla judicial comenzó en el julio del año 2017, cuando el Ayuntamiento presentó ante la Fiscalía del Principado una denuncia contra el Ministerio de Fomento, exigiendo la solución del problema de ruidos que la autopista genera a su paso por el municipio de Corvera, además de que se investigase y depurasen las posibles responsabilidades penales existentes por esta situación.

La Fiscalía archivó las diligencias de esta investigación a comienzos del año 2018, pero el gobierno local de Corvera insistió, presentando al año siguiente una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Avilés, que un mes después decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, según explicó el alcalde, el Ayuntamiento de Corvera siguió adelante, presentando recurso de reforma ante el mismo juzgado y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, siendo el segundo admitido a trámite. Posteriormente, el Consistorio presentó alegaciones ratificándose en el recurso de reforma interpuesto y solicitando que por la Audiencia se estimase el recurso de apelación y se revocase el auto recurrido. Finalmente, este tribunal ha desestimado el recurso de apelación, haciendo que la vía penal quede agotada para el Ayuntamiento, que ahora presentará una denuncia por vía administrativa.

Además de esta lucha judicial, el alcalde ha asegurado que el gobierno local seguirá «con las reivindicaciones políticas reclamando al Estado que a través de los Presupuestos Generales incluya partidas para acometer las tareas necesarias que pasan por el cambio del firme y por la colocación de barreras antisonido en ambos márgenes de la autopista», algo en lo que han avanzado «logrando que el Estado pagase 43.000 euros del proyecto de ejecución de la obra».