Bueno y Chaves se sientan el lunes en el banquillo de los acusados

Chaves y Bueno, en un pleno municipal en 2014. / MARIETA
Chaves y Bueno, en un pleno municipal en 2014. / MARIETA

El exedil de Urbanismo y el secretario municipal se enfrentan respectivamente a tres y un año de cárcel por presunto cohecho y negociaciones prohibidas

FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS.

El que fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Corvera, Enrique Bueno, y el secretario general del Ayuntamiento, Ramón Chaves, regresarán el próximo lunes, 28 de enero, al banquillo de los acusados en la vista que se celebrará en el Juzgado Número de 1 lo Penal de Avilés a partir de las 9.30 horas. Ambos son acusados de sendos delitos de cohecho y negociaciones prohibidas, según la fiscalía.

El origen del proceso son las denuncias de varios propietarios del entorno de Quintas de Chacón, en Las Vegas. El desarrollo urbanístico de esta pieza, fundamental en el desarrollo urbanístico de Las Vegas se encuentra paralizado por una cascada de procesos judiciales que siempre se han paralizado hasta la causa principal, que es la que se verá el próximo lunes. Este juicio es el nudo gordiano de una serie de acusaciones que se vienen lanzado entre las partes.

Además, su resolución puede despejar el camino para impulsar inversiones como el derribo del antiguo edificio de Modas Josefina u otras mejoras en Las Vegas. Entre los testigos citados para comparecer se encuentra el que fuera alcalde de Corvera, José Luis Vega, citado por la defensa de Ramón Chaves.

Varios propietarios de Quintanas de Chacón denunciaron las gestiones del edil de IU

De ahí la importancia de este proceso judicial que afecta a las negociaciones del convenio urbanístico planteado entre Enrique Bueno, entonces concejal de Urbanismo, y un promotor inmobiliario, encontrándose en el ámbito de actuación (UA-V3-PERI 1; UA-V4 y UA-V5) una propiedad del edil, según dice el fiscal en el escrito de acusaciones.

El fiscal señala que el promotor inició las negociaciones entre 2007 y 2008, viendo posible un acuerdo que se frustró por un cambio de gobierno en Corvera.

En el año 2011, Enrique Bueno regresó al gobierno municipal y recuperó la concejalía de Urbanismo. Se retomó la negociación urbanística y no se logró ante «la exigencia del concejal de que pagase 600.000 euros por su propiedad, pese a que resultaba desproporcionada conforme al valor de mercado».

El fiscal afirma que después de que no se firmase el convenio urbanístico, el edil ordenó a los redactores un cambio en la ordenación de la zona que «permitiese la regeneración de la zona, pero que dejase fuera la propiedad del edil». Los técnicos actuaron según esa directriz política, pero el cambio implicó que la propiedad «pasase de suelo urbano no consolidado a consolidado, constituyendo la propia finca un solar con una capacidad edificatoria de hasta seis plantas sin necesidad de cesiones ni constituirse en junta alguna para su desarrollo».

La nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana fue aprobada inicialmente el 18 de enero de 2013. Enrique Bueno «con el informe verbal expreso favorable del secretario municipal, incumplió su deber de abstención y votó favorablemente a pesar de que había indicado la modificación en su beneficio propio, cuestión conocida por el secretario municipal, pese a lo cual informó como si tuviese un interés general y difuso en el PGOU».

Para la acusación pública, estos hechos constituyen un presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibidas por parte de Enrique Bueno. Por el delito de cohecho afronta una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de 6.480 euros e inhabilitación para cargo público durante cuatro años. El delito de negociaciones prohibidas puede suponer una pena de un año de prisión y una multa de 6.480 euros, además de inhabilitación para cargo público durante cuatro años.

Por su parte, el ministerio fiscal solicita para Ramón Chaves un año de cárcel como presunto colaborador necesario en el delito de negociaciones prohibidas, además de una multa de 6.480 euros e inhabilitación para empleo o cargo relacionado con el cuerpo de secretarios municipales durante un plazo de cuatro años.

Enrique Bueno y Ramón Chaves siempre han defendido su inocencia en el proceso, asegurando que las actuaciones se basaban en informes técnicos y que la exclusión de la finca de su propiedad no le suponía ninguna ventaja, además de que la propuesta de modificación había sido adoptada por el gobierno municipal.