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VANESA MARTÍN
CARREÑO.
Domingo, 24 de abril 2022, 02:23
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer publicó la formalización definitiva del contrato de la Dirección General de la Costa y el Mar, cuyo objeto es la «demolición de edificación en la ensenada de Perán, Carreño, Asturias». El importe por el que se ha adjudicado el contrato asciende a 118.483,73 euros y, tras este paso, todo parece indicar que ni los intentos de sus propietarios ni de los vecinos y grupos políticos por parar este proceso vayan a dar sus frutos.
Según el pliego de condiciones de la obra, la demolición de la conocida como Casa de García Busto se ejecutará en dos fases. En la primera, se eliminarán los elementos cortantes o punzantes y, en la segunda, se derribará el resto del edificio. Los planes previstos para la zona pasan por ajardinar posteriormente el espacio que quede liberado, colocar una barandilla de protección y reponer la acera. El presupuesto para tales trabajos asciende a 191.433 euros y el plazo de ejecución es de seis meses.
El pasado 24 de febrero, un amplio dispositivo de antidisturbios de la Guardia Civil se presentó en la zona, en torno a las seis y media de la madrugada, para proceder a su desalojo, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. Hasta ese día, la planta baja del edificio albergaba todavía un despacho de arquitectura y el de un aparejador, pero los operarios tapiaron todas las entradas para consternación de sus propietarios, que ayer mismo afirmaban sentirse «indignados», más aún cuando, además del proceso judicial ya abierto con anterioridad, «hemos presentado un incidente judicial para que se revise todo el proceso, ya que creemos que ha habido errores de procedimiento y, además, hemos puesto una queja ante el Defensor del Pueblo», lamentaban.
Uno de los propietarios también se pregunta qué sucedería si «el juez finalmente, por un casual, nos diera la razón. ¿Qué hacemos entonces si el edificio ya está derribado y ya no hay remedio?», ante una situación que, aseguran, les «duele y nos parece muy injusta porque esas casas tienen un valor sentimental muy importante para nosotros», recalcó.
El inmueble, originario del siglo XIX, fue construido por el bisabuelo de los actuales propietarios como nave industrial, almacén y edificio de viviendas de los trabajadores de Conservas Perán y así se mantuvo hasta el cierre definitivo de la empresa, en el año 1975. Su concesión data de 1938, pero en realidad fue construido más de veinte años antes
En 2002 se demolieron los edificios que estaban en ruinas y el resto, otros cinco inmuebles, son los que se derribarán ahora. Antes de llegar a este punto, en 2010, los propietarios hicieron un intento por recuperar el edificio y presentaron un proyecto para su rehabilitación. En él, proponían mantener la fachada principal y el paseo por la parte posterior, aunque no recibieron «ninguna respuesta».
En 2013, la concesión hecha tantos años atrás fue declarada nula por orden ministerial, pero no fue hasta tres años después cuando se resolvieron los recursos administrativos interpuestos por los interesados. Aún así, el derribo siguió sin llevarse a cabo y en 2018 la Corporación Municipal de Carreño también inició un estudio para intentar salvarlo. Su propuesta pasaba entonces por una posible inclusión en el catálogo urbanístico o dotarlo de algún tipo de protección. Al menos, en los elementos exteriores.
Finalmente, hace dos años el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado descartó proteger el edificio al considerar que no se trataba de un inmueble declarado de interés cultural y que, por tanto, debía regirse por la Ley de Costas al encontrarse en una zona de dominio público marítimo-terrestre.
Esta franja de suelo está afectada dentro de la segunda fase del paseo marítimo entre Candás y Perlora, de ahí que el interés de Costas pase por la liberación de este espacio.
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