El PP dice que no hay motivos para expropiar el Prendes

El PP dice que no hay motivos para expropiar el Prendes
Carmen Pérez de la Mata, segunda por la derecha, con miembros de la junta local del PP delante del teatro Prendes. / P. G.-P.

«El interés público no está probado cuando el teatro se encuentra en régimen de alquiler desde 1989», afirma la diputada Carmen Pérez de la Mata

PEPE G.-PUMARINO CANDÁS.

«Una expropiación tiene que justificarse por utilidad pública e interés social, supuesto que no concurre en este caso, ya que el inmueble (en referencia al teatro Prendes) se encuentra en régimen de alquiler desde 1989 y con un contrato vigente hasta dentro de dos años. Además, la CUOTA debe aclarar si se puede esgrimir el Plan General de Ordenación Urbana (PGO) para esta expropiación (de carácter urbanístico, según justifica el Ayuntamiento de Carreño), cuando hay una sentencia que anula el texto refundido de dicho plan y aún no tenemos uno nuevo». Este fue el argumento expuesto ayer en Candás por la diputada del Partido Popular Carmen Pérez de la Mata para considerar «injustificable» la expropiación del teatro por parte del Ayuntamiento de Carreño.

Por esta razón, la parlamentaria anunció que su partido trasladará al Ejecutivo regional varias preguntas al respecto. En ellas recabará si algunos cargos de la Consejería de Infraestructuras y, en concreto de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), mantuvieron alguna reunión con representantes del Ayuntamiento. De ser así, solicitará que se expliquen las cuestiones tratadas teniendo en cuenta la posición de autonomía que debería mantener la CUOTA respecto a expropiante y expropiado. Pérez de la Mata sostiene que el equipo de gobierno socialista de Carreño «está atrapado por los plazos de esta operación a causa de que el dinero del que dispone se tiene que justificar en lo que resta de año». Ante esta situación que calificó de «chapuza», confía en que la CUOTA no se precipite y emita un informe al respecto en su ultima reunión el 28 de diciembre. «Todo sin apenas tiempo para analizar las reclamaciones de los propietarios; nos parecería una actuación contraria a la seguridad jurídica», dijo.

 

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