Doce años de prisión para la familia acusada de ocupar una vivienda en Villaviciosa

Según el documento suscrito, el padre de la familia firmó un contrato en abril de 2011 por una vivienda totalmente amueblada, excluyéndose expresamente el uso del sótano, por la que pagaría un alquiler de 750 euros. Dicho acuerdo quedaría sin efecto, como firmaron con posterioridad, si el acusado no abonaba la comisión pactada con la agencia. Sin embargo, tanto S. G. como el resto de miembros de la unidad familiar se instalaron en la casa sin pagar cantidad alguna y negándose en varias ocasiones a abandonarla.

La familia defendió en el juicio que el impago de la renta se había debido al consejo que recibieron por parte de una entidad bancaria al conocer, supuestamente, que la vivienda había sido embargada por dicha entidad. La gerente de la empresa inmobiliaria -que interpuso la denuncia- reconoció esta situación, de la que aseguró no tener constancia el día que se realizó la firma del contrato.

La explicación parece no haber convencido al juez, que considera al padre culpable de un delito de estafa, concurriendo el agravante de reincidencia, por alquilar una vivienda presentándose como empresario de una compañía que resultó ser inexistente y asegurando tener una solvencia económica que, finalmente, se demostró que no era real. Por estos hechos se le condena a cuatro años de prisión y una multa diaria de diez euros durante diez meses.

Asimismo, la sentencia hace referencia a los daños provocados en la vivienda por los cuatro miembros de la familia antes de entregar de nuevo las llaves de forma voluntaria. Según se señala en el texto, cuando finalmente la dueña de la agencia inmobiliaria consiguió volver a acceder a ella, en agosto de 2014, constató que la familia, «actuando de forma conjunta, había dispuesto de muebles y enseres incorporándolos a su patrimonio con ánimo de enriquecimiento».

Asimismo, los acusados habrían causado daños en diversos objetos tasados en 3.405 euros, así como en elementos constructivos por valor de 25.690 euros.

Por los delitos de apropiación indebida, robo y daños, tanto el padre como el resto de la familia han sido condenados a dos años de prisión y a una multa económica. En concreto, en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizar a la inmobiliaria con 36.882 euros. Además, S. G. deberá pagar otros 28.000 euros por el perjuicio causado derivado de un delito de estafa.

Contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe recurso de casación ante el tribunal en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sentencia.