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PEPE G.-PUMARINO
CANDÁS.
Miércoles, 20 de marzo 2019, 00:21
El Partido Popular de Carreño pedirá al Ayuntamiento que tome la iniciativa y solicite, tanto al Catastro como a la Agencia Tributaria que aplique una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo (TS), y deje de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano a varios terrenos de Perlora y Carrió «que no tendrían que hacerlo». Y al amparo de la misma, solicitan también que proceda a la devolución de lo «indebidamente cobrado dentro del plazo de prescripción de cuatro años que establece la ley».
Así lo manifestó la ahora candidata de este partido a la Alcaldía del municipio, Joana Canals, que recordó que hace cuatro años el Pleno aprobó una moción de su grupo para que se procediera con la devolución del mencionado impuesto urbano en suelos rústicos. «Tenemos en cuenta en nuestra petición que en el Plan General de Ordenación (PGOU) de Carreño se prevén bolsas de suelo urbanizable que no disponen de plan parcial para su desarrollo. Esta es la situación lacerante de muchos vecinos de Perlora que llevan décadas pagando IBI urbano sin poder hacer nada, dado que no es que no haya plan parcial, sino que en su caso, y merced del caos urbanístico que vive el concejo y señaladamente la referida a esta parroquia, así como la de Carrió, ni siquiera tienen planeamiento urbanístico. De hecho, recordemos que el texto refundido del PGOU fue anulado por la justicia en septiembre de 2014, y aún no tenemos uno nuevo», explicó Joana Canals.
Cuando se cumplen cuatro años de la paralización de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico, el documento final sigue pendiente de su aprobación. El retraso de este último trámite se produjo a instancia de los vecinos del Perlora, que recurrieron a la vía judicial por entender que el documento era «lesivo» para sus intereses y que incumplía la legalidad al no contar con la aprobación del Pleno.
La falta de acuerdo para dar solución a las dos bolsas de suelo que se encuentran fuera de ordenación tanto en Perlora como en Carrió, sigue siendo el caballo de batalla al no alcanzar un acuerdo con los propietarios. Desde el PP, la solución de este conflicto pasa por someter al Pleno la aprobación del texto refundido del PGOU par dar respuesta a los vecinos e incluir en el mismo las modificaciones que resulten de las alegaciones.
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