Las nuevas viviendas sociales de La Arena, en el verano de 2023

Si los cálculos del Principado se cumplen correctamente, en la segunda mitad del año 2023 la localidad de San Juan de la Arena podría contar con doce nuevas viviendas públicas. Tal como la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y el director general de Vivienda, Fermín Bravo, adelantaron ayer, el Gobierno regional se propone invertir 1.366.317 euros en dicho proyecto, enfocado al alquiler de carácter social.

El anuncio se produjo tras una reunión celebrada por ambos con el alcalde de Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales, en la sede consistorial, y durante la que se desgranaron los detalles de la idea. En esencia, la propuesta del Principado contempla la construcción de un único bloque, que albergará la docena de viviendas en cuestión, y que complementará a las 23 ya operativas en el concejo.

En términos puramente técnicos, cada una de las viviendas dispondrá de una superficie útil de 67 metros cuadrados, y todas ellas contarán con su propio trastero. Además, el bloque contará con un sistema de ventilación con recuperación de calor, una opción de ingeniería que consigue aumentar la eficiencia energética del conjunto, y ofrecerá una calidad del aire óptima para sus usuarios.

Sin embargo, esa no será la única concesión que se hará para maximizar el aprovechamiento energético y potenciar la sostenibilidad del edificio. Así, dispondrá de servicios centralizados, con caldera de condensación de gas natural. En construcciones precedentes dicha solución se ha revelado más eficiente, ya que contribuye a reducir las emisiones de CO2. El consumo se contabilizará individualmente por cada piso.

La elección de tales recursos tiene por objeto garantizará el ahorro energético de los inquilinos e incrementar el confort de los hogares. El plazo de ejecución de los trabajos se extenderá por espacio de dieciséis meses y la previsión es que las primeras llaves se entreguen a los inquilinos en las últimas semanas del verano de 2023.

Por supuesto, una obra de tal envergadura requerirá de no pocos profesionales. El Principado ya prevé la contratación de 64 personas. Un 10% de esos empleos se asignará a personas en situación de exclusión laboral, como perceptoras del salario social básico o desempleadas de larga duración.

Para Álvarez, el proyecto es la prueba de que el Gobierno «apuesta por un parque de vivienda público asequible, sostenible y que dé acceso a un hogar a quienes más lo necesitan».