La oposición rechaza el derribo del edificio de la bahía de Perán

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Carreño han mostrado su rechazo a la decisión tomada por la Dirección General de la Costa y el Mar de adjudicar definitivamente el contrato de demolición del edificio de la bahía de Perán.

El portavoz de Izquierda Unida, Ángel García, asegura que para ellos es «un error de gestión brutal y el PSOE desoye e incumple mandatos del pleno». García recuerda que, en 2018, el Pleno Municipal «votó para proteger esta edificación y para que se trabajara después en un aprovechamiento parcial con orientación pública para el futuro de la bahía», en consonancia con los propietarios del edificio. El portavoz de la coalición considera que «la alcaldesa puede paralizar esto ante los organismos supramunicipales» y cree que, si Carreño «pierde su patrimonio arquitectónico por un empecinamiento del Gobierno socialista, es una irresponsabilidad digna de dimisión». A ello, Ángel García añade que el equipo de gobierno «debe solicitar la paralización de este expediente en base a un interés general del pueblo de Carreño y proceder a su inclusión en el catálogo urbanístico», concluye.

Desde Podemos, también consideran que las casas de García Busto «son patrimonio del concejo y el gobierno municipal tiene las competencias suficientes para iniciar los trámites para determinar una protección que evitaría el derribo», asegura su portavoz, Carlos López. «Sin embargo», añade, «por razones que algún día deberán explicar, no cumplen con su obligación, tanto de establecer esta protección como de ejecutar un mandato mayoritario del pleno para catalogar el edificio». Para López, «lo verdaderamente lamentable» de este caso es que «el PSOE de Carreño haya buscado y encontrado la colaboración necesaria del Partido Popular para este delirante episodio» y considera que «estos dos partidos van a ser responsables de la demolición de un elemento importante del patrimonio del concejo».

Sin embargo, la portavoz del Partido Popular, Joana Canals, se manifiesta en una dirección totalmente opuesta y asegura que desde el PP de Carreño no entienden «que existiendo un procedimiento judicial abierto en reconocimiento de la propiedad de las viviendas por los afectados -que se ha iniciado con el fin de evitar el derribo de las mismas-, el proceso administrativo siga adelante sin esperar una resolución judicial definitiva». Canals asegura que su partido siempre ha mostrado «una posición favorable a la conservación de esta edificación» y recalca que si el edificio debe regirse por la Ley de Costas, «desde el Gobierno nacional, el PSOE y sus socios de gobierno deberían escuchar las peticiones de los grupos políticos municipales».

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