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PEPE G.-PUMARINO
CANDÁS.
Martes, 23 de enero 2018, 00:07
El Ayuntamiento de Carreño ha vuelto ordenar el desalojo urgente de la vivienda situada en la calle Astillero en el paseo marítimo de Candás. La razón que motiva esta medida es que quiere hacer las correspondientes comprobaciones del terreno de la ladera en una franja anexa al inmueble. Así lo comunicó el pasado día miércoles a los propietarios mediante una Resolución de la Alcaldía. No obstante, este requerimiento no es el primero. Ya en diciembre pasado el Consistorio remitió esta misma comunicación, obteniendo una respuesta negativa por parte de los propietarios, como también ha ocurrido ahora. En ella, además de justificar la medida por razones de seguridad, se solicitaba su autorización para que los técnicos pudieran acceder a la casa con el fin de efectuar un estudio que sirva para poder evaluar con más detalle la situación del terreno.
Según explicó Alicia Prendes, dueña de la vivienda, «el riesgo existente ahora es el mismo que antes y es también el mismo para todas las personas y vehículos que circulen por el paseo. No sé si lo que quieren es que dejemos de vivir aquí. Ya sé que corro peligro. Llevo en casa desde julio y no sé muy bien por qué ahora tienen tanta prisa. El problema es muy grave. Está demostrado por un juez que soy una víctima. Al igual que me buscaron a mí, ¿por qué no buscaron al tercer propietario implicado? La única responsabilidad es ahora del Ayuntamiento si ocurre algo. Se asustaron ahora cuando siempre existió el mismo peligro».
Desde las filas del Partido Popular se sostiene que el gobierno se contradice en sus decisiones. «Los dueños entraron sin oposición en la vivienda en julio y no se les comunicó nada y ahora, transcurridos cinco meses, se les vuelve a requerir para que desalojen la vivienda. Si es una situación de tanto riesgo, se les hubiera impedido entrar. Tienen que aclarar si corren riesgo los ocupantes de la casa o las personas que utilicen el paseo. Otra contradicción municipal fue cerrar el paseo durante dieciséis meses y abrirlo después sin haber hecho nada en la zona de riesgo. Estas son nuestras razones para pedir explicaciones al ejecutivo», manifestó su portavoz José Ramón Fernández.
Igualmente considera que ahora el informe técnico que quieren realizar «debe aclarar si un futuro argayo puede afectar al paseo». Y matiza que el Ayuntamiento «tampoco notificó a los afectos un posible riesgo de desprendimientos en la ladera próxima a su propiedad».
El pasado año la Consejería de Infraestructuras procedió con las obras destinadas a estabilizar los tramos de la ladera del paseo con mas riesgo de argayos. La inversión en estos trabajos ascendió a 199.903 euros. Estas actuaciones consistieron en la colocación de una barrera estática de perfiles metálicos sobre los muros de hormigón existentes para contener los desprendimientos a pie de talud. Además, se llevó a cabo la construcción de nuevos muros de contención ante posibles desprendimientos y se instalaron bulones de bloques, una red de cable y una malla de triple torsión.
Con anterioridad, en 2013, el Principado concedió una subvención al Ayuntamiento de Carreño para que acometiera el refuerzo de la ladera en algunos tramos del paseo. Este dinero fue empleado en el aseguramiento de la falda del monte en la franja más próxima a la vivienda afecta. Entonces se instaló un novedoso sistema que precisó la construcción de una rampa para acceder a las zonas con más riesgo de desplome del terreno.
Ahora todas estas medidas, al parecer, no son suficientes para garantizar la estabilidad del terreno según se desprende de las nuevas iniciativas municipales.
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