Rivero acepta derribar parcialmente su chalé en Castrillón en cumplimiento de una sentencia

José Aurelio Rivero, en su chalé. / MARIETA
José Aurelio Rivero, en su chalé. / MARIETA

El exguardameta del Sporting firmó el acta ayer, la víspera de la fecha prevista por el Ayuntamiento para acometer la demolición

J. F. GALÁNSALINAS.

José Aurelio Rivero firmó ayer muy a su pesar el acta de demolición parcial de su propio chalé, en Salinas. No tenía otra opción, salvo permitir que fuese el Ayuntamiento quien de forma subsidiaria acometiese la tarea. De hecho, tras cinco licitaciones fallidas ya lo tenía todo dispuesta para acometer el derribo con medios propios. También la fecha: hoy miércoles estaba previsto que técnicos municipales se presentasen en la finca con la correspondiente orden judicial.

La dolorosa decisión que ha tenido que tomar quien durante tantos años (1973-1985) defendiese la portería del Sporting obedece a una serie de sentencias judiciales producto de una denuncia interpuesta por la propiedad de un chalé colindante. Se fundamentan en una norma urbanística municipal que limitaba a ocho años a contar tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana el plazo para modificar y ampliar viviendas. Y él lo hizo una vez superado ese período.

La paradoja es que Rivero contaba con las preceptivas licencias municipales. Se las concedió el Ayuntamiento ignorando su propia normativa y a raíz de la demanda el juez las declaró nulas. Las sentencias le obligan a restituir las cosas a su estado anterior, es decir, a deshacer las modificaciones y ampliaciones que realizó en su chalé. Dada su envergadura, el exguardameta rojiblanco siempre ha mantenido que «significaría tirar la casa entera».

Realizó una ampliación con todas las licencias municipales, declaradas nulas por la Justicia

Más paradójico resulta aún que según ha manifestado en numerosas ocasiones una vez se complete la demolición parcial del chalé, sito en el en el número de 22 de la calle Alejandro Casona esquina Bernardo Álvarez Galán, «nada me impediría reconstruirla y dejarla exactamente igual que está ahora, incluso con mayor volumetría».

La decisión de demoler su propia casa cierra un largo y tortuoso proceso judicial que probablemente dará paso a otro. Según ha dejado claro en numerosas ocasiones si finalmente se llegase a este extremo «presentaría una reclamación patrimonial por daños y perjuicios ante el Ayuntamiento, que me concedió una licencia y cuatro modificados para realizar la ampliación».

Rivero hizo público en su día la identidad de los demandantes, «Guillermo Estrada Sarmiento, abogado de Oviedo, y su esposa, María José Margareto García, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el mismo ante el que tuve que interponer dos recursos, ambos rechazados. Compuesto por tres jueces, lógicamente ella se apartó, y su sustituto fue el ponente del caso».

También manifestó que observaba «exceso de celo en la actuación judicial, un rigor extremo», a la vez que denunció «acoso y amenazas» por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) y de la Fiscalía General, organismos que, «movilizados por el demandante y su esposa magistrada, actuaron con sorprendente celeridad y contundencia, sin escatimar recursos».

Rivero lleva 41 años viviendo en Salinas, veinte en su actual vivienda. En un principio la demolición se acometerá de manera inminente.