El caso de la mujer obligada a dar a luz en el HUCA acabará en los tribunales

Exterior del Hospital Central de Asturias. / ÁLEX PIÑA

«Hubo sesgo de género porque era mujer. A un hombre no le forzarían a donar médula a un hijo con leucemia», compara la abogada de la familia

I. VILLAR GIJÓN.

El caso de la mujer obligada por orden judicial a dar a luz en el Hospital Central de Asturias (HUCA), pese a su intención de hacerlo en casa, acabará en los tribunales. Así lo asegura la abogada Francisca Fernández, especializada en negligencias médicas y derechos de los pacientes y que ya ha propuesto a la familia poner en marcha un procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales de la madre. «Ejercitaremos esta acción, si no es directamente a través de la familia, como asociación de defensa de los usuarios de la sanidad o desde varias organizaciones interesadas en ello», apuntó. Añadió que tanto la mujer como el recién nacido «evolucionan bien, dentro de lo que supone haber tenido que pasar por una cesárea».

El proceso judicial que se pretende poner en marcha iría directamente contra la administración, «con el objetivo de recabar la tutela de los derechos de esta mujer y de su hijo por parte de los órganos judiciales nacionales». Si no se lograra, no obstante, la abogada no descarta recurrir en una segunda fase al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y, si tampoco fuera satisfactorio el resultado, «a la tutela universal, a través de la Organización de Naciones Unidas». Instancia esta última que no es nueva para Fernández, que ya ha logrado hasta en cuatro ocasiones el amparo del organismo internacional a mujeres que fueron víctimas de «violencia obstétrica».

La letrada recuerda que la mujer informó a los policías que acudieron a su casa a cumplir con la orden judicial de su negativa a ingresar en el hospital para dar a luz y considera que el traslado «fue coactivo, sobre una persona que ya estaba de parto y que no iba a pelear con ellos». E insiste en que lo ocurrido ha supuesto «una intromisión en la salud y en la libertad» de la madre.

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«Esto es algo que nos perjudica a todos los ciudadanos, porque cualquier paciente podría verse en una situación similar. Es como si quiero morirme en mi casa y un médico decide que no, que es mejor llevarme a morir al hospital. Todos tendríamos que denunciar esto».

La abogada apunta además que en este caso «no solo se cuestiona la autonomía del paciente, sino que existe sesgo de género». «Lo que han hecho con una mujer, a la que han tratado peor que a un delincuente, sin oírla a ella ni a su pareja, no lo harían con un hombre. Supongamos que un padre es el único que puede donar médula espinal para su hijo con leucemia, que para salvarle se considere imprescindible sacrificar el cuerpo de un varón. La policía jamás secuestraría a ese padre, le ataría a una camilla y le quitaría la médula sin su consentimiento. Estas cosas hay que hacerlas por amor, no por la fuerza. Pero que ocurra con una mujer sí les parece normal», incidió.

Ley de autonomía

Francisca Fernández indica por otra parte que la decisión adoptada por el juzgado «sobre la marcha» a partir de las indicaciones de los médicos no es necesariamente la única posible, toda vez que no existe jurisprudencia suficiente sobre el asunto por parte de las altas instancias judiciales.

«Algunos sanitarios no entienden la ley de autonomía del paciente y actúan así porque creen que están protegiendo al feto, por encima de los derechos de su madre. Pero hay jueces que después sí aplican bien el derecho y permiten a la mujer tomar la decisión si no está enajenada. Que una haya decidido esto no quiere decir que todos lo hagan», explica. Pone como ejemplo un caso en el Hospital de Arriondas en 2016 «en el que intentaron hacer algo parecido pero el juez dijo que no, porque si no estaba enajenada no se podía sustituir la voluntad de la mujer. En esta ocasión lo que ha habido es una vulneración de los derechos fundamentales, y por eso buscaremos el amparo de los tribunales a la decisión de la administración sanitaria y la judicial».

Por otra parte, las asociaciones El Parto es Nuestro y Dona Llum han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de internet para reclamar al HUCA el «respeto a los derechos humanos y el parto».

Consideran que la actuación del centro hospitalario «es un caso más de violencia médica e institucional hacia las mujeres gestantes y de parto, respecto de la que ya han alertado instituciones variopintas, como la Organización Mundial de la Salud y el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que establecieron el mandato de garantizar los derechos de las mujeres a la autonomía y al consentimiento informado en todas las etapas de la gestación y el parto». Al cierre de esta edición su iniciativa acababa de alcanzar las 7.000 firmas.