Las nuevas rebajas del peaje del Huerna, pendientes de Hacienda y el Consejo de Estado

Como agua de mayo esperan los más habituales de la autopista del Huerna (AP-66) la activación de los nuevos descuentos. Hasta ahora el precio que pagan camiones y autobuses incorpora una rebaja del 30% que va a ser ampliada hasta el 40%. En lo tocante a los turismos que utilizan el sistema de telepeaje, la tarifa se reduce ahora al 50% a partir del tercer paso al mes, descuento que se mejorará hasta llegar al 60%. Las bonificaciones corren a cargo del Ministerio de Transportes, que reservaba 6,1 millones en sus cuentas para financiar las que ya hay y que, desde el 1 de enero, dispone de un fondo suplementario de tres millones para sostener las que por ahora solo se han anunciado. Si hay dinero para ello, ¿por qué no están ya los descuentos?

La pregunta tiene mucha burocracia en su respuesta. Según confirma Transportes, el expediente estaba el 1 de julio a la espera del visto bueno de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Luego tocaría pasar al Consejo de Estado. Una vez superados esos controles, solo quedaría el acuerdo del Consejo de Ministros y la publicación en el Boletín Oficial (BOE) de los dos nuevos reales decretos que regularán las bonificaciones para que, al día siguiente, los conductores empiecen a beneficiarse de las mismas.

Parecen muchos pasos, está costando darlos, pero un antecedente reciente evidencia el largo camino administrativo que exigen este tipo de rebajas: los históricos descuentos de la AP-9 gallega son fruto de un acuerdo político de primer nivel que costó un año y medio materializar.

El 3 de enero de 2020, Adriana Lastra por parte del PSOE y Ana Pontón desde el BNG firmaron un documento por el cual los nacionalistas gallegos se comprometían a que su único voto en el Congreso de los Diputados fuera a favor de la investidura de Pedro Sánchez. En los nueve folios del pacto se incluyó transferir a la Xunta la AP-9 y, antes, hacer que el uso de la autopista fuera gratis desde el segundo acceso, una bonificación que debía ir a cargo del Estado.

Ese año, 2020, se consumió argumentando los socialistas que esa operación requería de un presupuesto que la contemplara. El BNG consecuentemente votó a favor de las cuentas de 2021 y desde el 1 de enero del pasado año inició una campaña exigiendo los descuentos. «No hay razón para la demora».

Un voto clave

Pese a necesitar el voto de los nacionalistas gallegos en el resto de proyectos que pasan por el Congreso, a tener ese pacto firmado y a contar con presupuesto para financiar los descuentos, las rebajas no empezaron a aplicarse hasta el 29 de julio de 2021. El motivo es que esos descuentos comprometen al Estado ese curso y todos los siguientes hasta el final de la concesión, una obligación a largo plazo que requiere de mucha fiscalización. Hasta diez departamentos distintos tuvieron que ir emitiendo informes antes de que el Consejo de Ministros pudiera dar luz verde a los descuentos.

El acuerdo concedía unos 36,9 millones del dinero de todos los españoles el pasado año para financiar los descuentos en la autopista gallega, y hacía lo propio en cantidades variables los ejercicios siguientes, hasta terminar el último año de la concesión, en 2048, con un desembolso acumulado estimado en 2.300 millones. Cada uno de esos departamentos revisó si tales condiciones eran conformes a la legalidad y la estabilidad financiera por la que velan.

Aunque las bonificaciones que se van a activar en el Huerna son de menor calibre, exigen también de controles para asegurar la legalidad de unos descuentos con los que el ministerio deberá cargar hasta el 17 de octubre de 2050, la fecha en la que expira el contrato de concesión que explota Aucalsa. En el caso gallego, el expediente comenzó con la elaboración de una memoria técnica y económica de la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas, siguió con las alegaciones de la empresa que explota la AP-9, y a ese informe hubo que darle respuesta por parte de la misma delegación. En paralelo la Demarcación de Carreteras emitió un dictamen sobre la situación de la autopista. Parece que también fue respondido por la citada Delegación del Gobierno.

El siguiente paso fue el informe del Consejo de Obras Públicas, órgano compuesto por técnicos que dieron su visto bueno y plantearon estudiar el rescate del peaje. Una semana después fue la Abogacía del Estado quien, con todos los papeles antes citados, dio luz verde al real decreto que iba a regular los descuentos.

Llegó el turno de los contables, y primero se manifestó la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Transportes, y después lo hizo la Secretaría General Técnica del de Hacienda. Aclarada la repercusión financiera, el expediente se sometió a fiscalización previa de la Intervención General del Estado. El asunto entró al registro del Consejo de Estado un 5 de julio, con petición de ser atendido de urgencia para beneficiar el repunte del tráfico ligado al verano, y el organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega dio su OK diez días después.

Con todo atado, el tema llegó a la mesa del Consejo de Ministros un 27 de julio, al BOE al día siguiente y al bolsillo de los usuarios el 29 de julio. Un largo periplo administrativo que ahora están recorriendo los borradores de los dos reales decretos que regularán la mejora de bonificaciones en el Huerna.

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