El Principado deberá incoar un expediente sancionador por los sondeos de Salave

El fallo recoge que «no cabe duda de que existían indicios claros de la comisión por parte de la empresa de actuaciones que pudieron suponer incumplimientos de las condiciones impuestas en la autorización para los sondeos»

L. Á.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de fallar que el Principado deberá abrir un expediente sancionador a Asturgold, por los incumplimientos de la campaña de sondeos realizada en 2013 por la empresa en Salave, concejo de Tapia de Casariego. Así el TSJA estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la plataforma Oro No contra la resolución de la Consejería de Economía que, en marzo de 2014, acordaba no abrir expediente sancionador por los presuntos incumplimientos denunciados. El fallo recoge que «no cabe duda de que existían indicios claros de la comisión por parte de la empresa de actuaciones que pudieron suponer incumplimientos de las condiciones impuestas en la autorización para los sondeos». Por eso, anula la resolución de la Consejería de Economía e insta a la Administración regional «a incoar y resolver con libertad de criterio el procedimiento sancionador».

Incumplimientos y vertidos

Oro No sostiene que los sondeos «se ejecutaron ilegalmente, al estar trabajando las 24 horas del día y, por lo tanto, en horario nocturno, lo que incumplía la autorización» y también que se produjeron «vertidos de productos químicos en una senda costera frecuentada por numerosos viandantes y peregrinos del Camino de Santiago». Además, recuerdan que tanto miembros del Seprona de la Guardia Civil como vecinos de la zona «documentaron las infracciones y los vertidos».

La plataforma valora «muy positivamente la sentencia, que demuestra que Industria actuó ilegalmente». Por eso, desde Oro No piden la dimisión de los responsables de la consejería «que impidieron con su actuación que se sancionase a Asturgold» y exigen al Gobierno regional «que sus actuaciones en este asunto se atengan a la ley y defiendan los intereses generales y no los de una mercantil».