Un acuerdo con la propiedad, última opción para evitar el derribo del cine Goya de Luarca

Fachada principal del cine Goya de Luarca. / D. S. FUENTE
Fachada principal del cine Goya de Luarca. / D. S. FUENTE

El PP plantea esta vía tras conocer que podría costar más de tres millones. «Debe haber responsabilidades técnicas y políticas»

DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA.

La piqueta amenaza al cineGoya de Luarca, que desde el inicio de su rehabilitación ha sido un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Valdés. El objetivo era su rehabilitación para convertir el cine Goya de Luarca en un Centro de Artes Escénicas y Museo del Cine. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los vecinos de la finca colindante denunciaron que el proyecto no cumplía con la normativa urbanística al no respetar la altura máxima uno de los aleros. Sucesivas sentencias obligaban al Consistorio a «restablecer la legalidad», adaptando las obras a la legislación correspondiente. Esto suponía que el Ayuntamiento tendría que derribar las plantas segunda y tercera porque ambas superarían la altura y edificabilidad máxima admisible, según dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que fue ratificado por el supremo que no admitió el recurso del Ayuntamiento.

El PP de Valdés cree que está situación «es surrealista», subrayó el coordinador de la formación, Carlos López, quien cree que el derribo «se puede evitar llegando a un acuerdo con la propiedad para que no se ejecute la sentencia».

«Lío monumental»

El coordinador de los populares dio a conocer que el coste del derribo estaría próximo a los tres millones de euros, ya que además del gasto de su rehabilitación -de 1.527.263 euros-, hay que sumar los 526.737 que pagó el Consistorio por la compra del viejo edificio, así como «los costes judiciales y el gasto de la demolición», una obra que además debería respetar «la parte original que está protegida por Patrimonio», dijo López.

Los populares califican la situación del cine Goya como «lío monumental» y creen que debe haber responsabilidades técnicas y políticas por una obra que no cumplía la normativa. Por eso piensan que el actual alcalde y concejal de Urbanismo cuando se inició la obra, el socialista Simón Guardado, «no tiene legitimidad para volver a presentarse», recalcó López, al tiempo que recordó que por su gestión se van a tener que derribar dos tercios del inmueble, así como «gastar un dinero extra para que el edificio se pueda utilizar y no se dañe la zona protegida por Patrimonio», apuntó.

 

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