El alcalde de Somiedo niega la exclusión de la candidata a juez de paz por motivos políticos

«No existe en ningún momento delito de prevaricación». Así de contundente se manifestó el abogado de Belarmino Fernández, el regidor somedano, quien ayer declaró en la Audiencia Provincial por las supuestas irregularidades en el proceso de selección del juez de paz del municipio. El regidor rechazó en sala que excluyera a la candidata, S. A. F., por ser la sobrina de la entonces edil de Foro, hoy en la filas del PP. La Fiscalía solicita catorce años de inhabilitación para empleo o cargo público al regidor por un delito continuado de prevaricación. Del mismo modo, solicita diez años de inhabilitación para los cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces por el mismo delito, pero sin continuidad.

«Todo se hizo conforme a derecho. El alcalde, junto al Pleno, propuso a unas candidatas sin ningún reparo o inconveniente por parte del secretario», apuntó el abogado del regidor, Carlos Álvarez, quien enfatizó que durante el procedimiento no hubo aviso de ilegalidad por parte de dicho funcionario. «No existe en ningún momento delito de prevaricación», reiteró Álvarez, quien afirmó que es «completamente incierto» que hubiese intención política. «En ningún momento hubo intención de excluir a la denunciante. Siempre estuvo incluida en todos los procesos selectivos».

Álvarez recordó que los criterios para la elección de un juez de paz responden a la cercanía y la disponibilidad, a efectos de prestar un buen servicio. Así, los cinco acusados justificaron su proceder alegando que en el currículo figuraba que la denunciante no residía en el concejo. En este sentido, el abogado del regidor aclaró que «según el currículo, vive en Las Regueras, aunque está empadronada en Urria (Somiedo). El certificado médico que aporta está expedido también en Las Regueras».

Según la Fiscalía, el alcalde propuso en una nueva convocatoria en 2017 a dos candidatas como juez de paz titular y como juez de paz sustituta, siendo aprobada la propuesta por los concejales acusados y éstos, «conocedores de que concurría en ellas causa de incompatibilidad por ser trabajadoras del Ayuntamiento y que previsiblemente renunciarían, dado lo escaso de la remuneración de los cargos. Lo hicieron con al finalidad de publicar una nueva convocatoria y prescindir de la otra concurrente».

El alcalde mantuvo en el juicio que le sorprendió que, por primera vez en sus veinticinco años de mandato, se planteara la posible incompatibilidad de las dos funcionarias municipales cuando en otras ocasiones se había nombrado jueces de paz que ya habían tenido otros empleos.

Por último, el abogado del regidor coincidió con los cuatro ediles acusados a la hora de señalar que «al Ayuntamiento únicamente le corresponde proponer al candidato. Es el Tribunal Superior de Justicia el que nombra y valora, en su caso, las posibles incompatibilidades. No le corresponde al Pleno municipal valorar esa situación», subrayó Álvarez.

Por su parte, la candidata denunciante, S.A.F., corroboró que vivía en Urria y sostuvo que recurrió ante el Contencioso al considerar que las decisiones municipales eran nulas y veía «injusto» que se la excluyera. Además, afirmó que su tía le recomendó que no presentara su candidatura por su «enemistad» con el alcalde.

Hoy, a las 10 horas, continuará el juicio con la declaración del secretario del Juzgado de Paz y la edil de la oposición.