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Comienzan los juicios por los daños del accidente pirotécnico cangués

BELÉN G. HIDALGO

CANGAS DEL NARCEA.

Viernes, 11 de octubre 2019, 01:33

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea celebró ayer el primer juicio por responsabilidad civil para reclamar el pago de los costes de las reparaciones derivadas de la explosión pirotécnica del 21 de julio de 2018, en la tirada nocturna con motivo de las fiestas de la Magdalena. La parte demandante es uno de los afectados cuyo inmueble resultó afectado y la parte demandada la integran la Federación de Peñas de la Pólvora de Cangas del Narcea, las cinco peñas que organizaron la tirada conjunta programada para esa noche y la empresa pirotécnica encargada del disparo.

En la sala del Juzgado cangués prestaron ayer declaración representantes de ambas partes y sus respectivas compañías aseguradoras, así como agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la investigación del caso. Tras más de tres horas de juicio, según ha podido saber EL COMERCIO, se fijó la sentencia para el 15 de octubre. El fallo determinará quién o quiénes son los responsables directos de los daños, así como la responsabilidad civil de la explosión pirotécnica. Se prevé que esta sentencia pueda sentar precedentes de cara a las demás demandas interpuestas por, al menos, una veintena de afectados.

El accidente se produjo al prenderse, por causas que la investigación no logró concretar, parte de la carga que se encontraba tapada en las máquinas ubicadas en el Prao del Molín para su disparo. Eso hizo que esa parte de la carga no llegase a salir y explotase 'in situ'. Veinte personas resultaron heridas de carácter leve. El propio pirotécnico sufrió quemaduras y el resto, cortes ocasionados por los cristales. La onda expansiva ocasionó daños en comercios y viviendas de la villa canguesa por valor de más de 1,5 millones de euros.

El procedimiento penal quedó archivado en septiembre de 2018, cuando se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por un presunto delito de daños por imprudencia, a expensas de las acciones civiles que pudiesen iniciar las personas afectadas.

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