El PSOE de Cudillero denunciará el pago «ilegal» de 77.000 euros a los servicios jurídicos

Carlos Valle Ondina. / E. C.
Carlos Valle Ondina. / E. C.

El alcalde, Carlos Valle, cree que el exregidor popular Ignacio Escribano cometió «prevaricación y malversación de dinero público»

DAVID SUÁREZ FUENTECUDILLERO.

El Ayuntamiento de Cudillero ha declarado como una situación lesiva para los intereses municipales la contratación de los servicios jurídicos llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno, encabezado por el popular Ignacio Escribano. Los servicios jurídicos de María López-Castro Roiz cobraron en el pasado mandato en torno a 21.000 euros anuales, ascendiendo la cifra a 77.569 euros en 2019. «Fue pagada antes de que yo llegase al cargo», explica el nuevo alcalde, el socialista Carlos Valle Ondina, que asegurar no comprender cómo ha podido triplicarse la cantidad en el último año. Un situación que califica de «sospechosa». «No entiendo cómo en tan solo unos meses se ha podido triplicar la cuantía de una factura que cuenta además con informes negativos de la Intervención y la Secretaría municipal», aseguró Valle Ondina.

En total el Ayuntamiento de Cudillero pagó más de 140.000 euros por un servicio que «pretendían seguir cobrando y me negué», aclara el regidor. Afirma que el bufete de abogados continúa emitiendo facturas a pesar de haber percibido 77.569 euros en el presente ejercicio. Valle detalla que en 2016 se le abonó la cantidad de 21.987,56 euros, en 2017 fueron 21.406,39 y en 2018, 19.217,52 euros.

Por este motivo el Ayuntamiento pixueto ha declarado como lesiva la situación. «Pretendemos que el pago de 77.569 euros quede anulado», dice. Añade que esta adjudicación del servicio «no cumple la ley, ya que, al tratarse de un contrato directo de carácter menor no puede superar los 15.000 euros». Por eso cree que el exalcalde ha incumplido la ley, con un posible caso de «prevaricación, fragmentación de contrato y malversación de dinero público». El regidor es contundente: «No voy a permitir situaciones que vayan en contra del interés económico de nuestras arcas municipales», resalta y asegura que acudirá a los tribunales para recuperar el dinero de todos los vecinos.

Contrato nuevo

El nuevo regidor ya ha anulado la contratación de los servicios jurídicos municipales y ha contratado a un nuevo gabinete. «Lo hice teniendo en cuenta tres propuestas económicas», y contratando al abogado Javier Junceda, que se encargará de defender los intereses del Ayuntamiento en los próximos ocho meses y cobrará 1.700 euros mensuales, «con un servicio completo».