Organizaciones juveniles urgen «formación en valores» para prevenir el ciberacoso en las aulas

Organizaciones juveniles urgen «formación en valores» para prevenir el ciberacoso en las aulas

Apoyan el uso de dispositivos móviles en los centros, pero asumen que es necesario «educar en un buen uso de la tecnología»

LAURA MAYORDOMO

Medidas como las recogidas en el decreto de derechos y deberes del alumnado de la Consejería de Educación para penalizar la grabación y difusión de hechos que atenten contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa, así como la difusión de imágenes o sonidos grabados a compañeros y profesores sin su consentimiento expreso, son «positivas». Lo son, reconocen portavoces del sindicato de estudiantes, en la medida en que, creen, contribuirán a mejorar la convivencia en los centros educativos públicos y concertados, a los que afecta el decreto. Defensores del uso de los móviles en las aulas como herramienta educativa, consideran que hay un aspecto, «fundamental» a su juicio, en el que también «hay que trabajar»: la formación de los chavales en el uso racional de las nuevas tecnologías, que les permita interiorizar medidas de autorregulación y autoprotección. Pero, sobre todo, una formación «en valores».

«Es verdad que puede haber problemas con su uso inadecuado, pero los móviles no son el enemigo de la educación. La formación en valores dentro del aula es fundamental y debe ser una formación transversal», comenta Tomás Albarenque, alumno de Secundaria y miembro del sindicato de estudiantes.

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Expertos en intervención social con menores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se refieren en concreto a la necesidad de realizar con preadolescentes y adolescentes «una labor educativa que promueva una ciudadanía digital con conciencia sobre lo que significa la intimidad, la privacidad y la protección de los derechos y deberes en este entorno».

Es lo que transmitió el pasado mes de noviembre Adrián Aguayo, formador del colectivo madrileño Pedernal Tecnología y Educación, en el curso sobre prevención del ciberacoso desde una perspectiva educativa que impartió en Gijón, organizado por Arroba-Xixón con la colaboración del Conseyu de Mocedá de esa ciudad y el del Principado. Contó con una quincena de asistentes.

«El perfil mayoritario eran docentes», cuenta Álvaro Granda, presidente del Conseyu de Mocedá del Principado, que avanza que este año repetirán la experiencia a la vista de «cómo se está enfocando el ciberacoso en el ámbito educativo». Dice Granda ser «pesimista» en este sentido. «Más allá de las propias medidas punitivas que pueda recoger el decreto, falta saber cómo implementarlas en el día a día de los centros educativos, cómo formar a los profesores o incluso ofrecer talleres para sensibilizar a los alumnos sobre esta cuestión», considera.

«La tecnología forma parte de nuestras vidas y es imposible evitar que los chavales, en el instituto, tengan acceso al móvil o a un ordenador». No es una impresión subjetiva. Datos del Instituto Nacional de Estadística sostienen que prácticamente toda la población escolar entre diez y quince años (más del 90%) tiene acceso a internet y en torno al 90% de los alumnos de entre doce y dieciséis años cuenta con su propio teléfono móvil. Así las cosas, opina Granda, lo mejor es dar a los chavales las herramientas necesarias «para que ellos mismos conozcan sus derechos en el uso de internet y entender también dónde están los límites de lo que pueden hacer y no en cuanto a temas de privacidad o respeto» a terceros. La clave, subraya es «educar en un buen uso de la tecnología».

«Cortar de raíz»

En este sentido, el sindicato ANPE se refirió ayer a que «las verdaderas víctimas son los alumnos y también los profesores por las vejaciones y humillaciones que se reflejan en las grabaciones. Y esto hay que cortarlo de raíz: se trata de proteger a nuestros jóvenes, a los profesores, asegurar el derecho a la educación y el respeto, tan olvidado, al derecho a la propia imagen y a la intimidad personal desde la edad más temprana».

A juicio del sindicato educativo, el decreto de derechos y deberes que la Consejería de Educación acaba de modificar «es absolutamente garantista con los derechos de los alumnos y las familias, a quienes se informa y da trámite de audiencia» antes de la imposición de medidas correctoras.

Conductas 'gravemente perjudiciales', como la grabación y difusión de imágenes ofensivas, podrían llevar aparejada la expulsión del centro entre tres días y un mes e incluso el cambio de colegio, tal y como recoge la norma a la que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno el pasado miércoles. En cualquier caso, la decisión corresponde exclusivamente a la dirección del centro.