El jefe de la Policía de Llanes fue suspendido el día que pidió sancionar a los agentes que no colaboraron con la Guardia Civil

El 7 de octubre de 2016 fue el día en el que el alcalde de Llanes emitió una resolución municipal por la que se abría un expediente disciplinario al jefe de la Policía Local de Llanes, Miguel Gómez López, en el que se le suspendía de sus funciones. Estuvo apartado durante 77 días «por un mal funcionamiento del servicio», según informó el 11 de octubre el propio ayuntamiento, justo un día después de que se suspendiese «por desobediencia jerárquica» al agente que presuntamente había amenazado de muerte a Gómez López en la mañana del 29 de septiembre.

Pero según los documentos a los que ha tenido acceso EL COMERCIO y que se reproducen en esta información, el 7 de octubre fue también el día en el que el jefe policial envió un oficio al alcalde en el que trasladaba la posibilidad de «depurar las responsabilidades disciplinarias pertinentes» para los agentes de la Policía Local que en la noche del 26 de julio se negaron a atender una petición de colaboración realizada por la Guardia Civil, para que acudiesen a atender una llamada que había recibido el 112 en la que se alertaba de la entrada de unos chicos en el recinto del albergue de Balmori, presuntamente para llevar a cabo un hurto.

Las patrullas de la Benemérita se encontraban en ese momento en el dispositivo establecido para las fiestas de Santa Ana. Ante la negativa de los agentes de la Policía Local, la Guardia Civil tuvo que derivar una de estas patrullas a atender la llamada, con la consiguiente demora a la hora de llegar al lugar. La respuesta que dieron los agentes de la Policía Local para no acudir al requerimiento fue que se negaban a ir por «no ser de su competencia».

El capitán de la Guardia Civil en Llanes envió el 29 de julio un escrito al alcalde llanisco, Enrique Riestra, en el que le hacía conocedor de los sucedido y le trasladaba que esos agentes no habían respetado la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, pese a que en el caso concreto de Balmori establece que la competencia es de la Guardia Civil, también recoge que «no es menos cierto que dicha ley aboga por la colaboración, cooperación y apoyo entre los distintos Cuerpos Policiales, que se viene realizando entre ambos cuerpos de forma habitual, siendo el principal fin que se persigue con ello el servicio permanente a la comunidad».

Este escrito fue recibido el 10 de agosto en el Consistorio. Casi dos meses después, el 7 de octubre,, y tras no aplicarse ninguna medida al respecto, el jefe de la Policía Local envía un oficio al alcalde en el que le recuerda la existencia del escrito enviado por el capitán de la Guardia Civil en Llanes, identifica a los agentes locales que estaban esa noche de servicio, traslada al regidor que ese comportamiento puede ser objeto de una infracción tipificada en el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía -que se aplica a las policías locales- y deja en manos del alcalde la depuración de «las responsabilidades disciplinarias pertinentes». Ese 7 de octubre, día en el que mandó el edicto al alcalde, el inspector de la Policía Local fue suspendido por una resolución de la Alcaldía.

Posible encubrimiento

Se da la circunstancia de que entre los agentes de la Policía Local que prestaban servicio aquella noche del 26 de julio hay dos que son representantes sindicales de Usipa y el Sipla en el Ayuntamiento. Además estaban entre los agentes que presentaron un escrito en el Consistorio el 3 de octubre denunciando un presunto acoso laboral por parte de su jefe.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntan a que, en caso de que el alcalde llanisco no hubiese adoptado medidas contra los agentes de la Policía que se negaron a colaborar, el regidor podría haber incurrido en un presunto delito de encubrimiento. También consideran estas fuentes que es deber de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Llanes denunciar estos hechos una vez tengan conocimiento de los mismos.

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