Amieva seguirá adelante con la ordenanza de cazadores locales

«No estamos hablando de una ley de caza, pues en este ámbito el Ayuntamiento no tiene competencias, ya que son del Principado; sino de una forma de regular la figura de los cazadores locales», explicó el regidor amievense. La normativa, abundó, es «idéntica, prácticamente con los mismos puntos y comas, a las ya existentes en concejos cercanos como Caso y Ponga, donde no generaron ningún tipo de problema». La ordenanza que pretende aprobar este lunes, indicó, no regula «ni las zonas ni las formas ni nada relativo a la práctica de la caza pues, insisto, es el Gobierno regional quien debe hacerlo».

Por este motivo, Félix Fernández se mostró sorprendido por la beligerancia demostrada por los miembros de la sociedad Sierra de Borde, quienes este jueves le hacían llegar un escrito -enviado también al resto de miembros de la corporación y a la secretaria municipal- en el que instaban a retirar del orden del día el punto relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza y advertían de su intención de denunciar a quienes voten en el mismo por «prevaricación activa».

Unas «amenazas» que no funcionaron con el regidor de Amieva. «Cuento con el informe favorable de la secretaria y he consultado con diferentes expertos en la materia que me dicen que no estamos haciendo nada ilegal, con lo que no tiene sentido que me eche atrás porque a un grupo de particulares no les venga bien y piensen que son los dueños de los terrenos de caza del concejo», aseveró Fernández.

En su escrito, los cazadores de Sierra de Borde hacían referencia a la futura reserva de caza de Amieva, todavía en tramitación y ante la que también han presentado alegaciones, criticando que el Consistorio pretendiese regular la actividad en una reserva que aún no existe. «Aunque la ordenanza entre en vigor, los aspectos relativos a la reserva no se aplicarán mientras ésta no esté establecida», aclaró Fernández. «La reserva va a ser positiva para el concejo, pues además de una mejor gestión y pago de los daños por fauna salvaje, el Ayuntamiento cobrará un canon cercano a los 30.000 euros anuales», agregó. La nueva normativa, recalcó, no solo regulará la figura de los cazadores locales, sino que ayudará en el caso de que sea necesario poner en marcha batidas por daños, entre otras cosas.