«La ampliación del camping se hizo sobre suelo urbano», dicen los acusados

Nacho Vázquez y Ángel Rami, ayer, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. /  ÁLEX PIÑA
Nacho Vázquez y Ángel Rami, ayer, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. / ÁLEX PIÑA

El exarquitecto municipal de Llanes y el extécnico de Urbanismo señalan en el juicio que «las parcelas contaban con acceso rodado y servicios»

LUCÍA RAMOS OVIEDO.

«Nuestro único afán era sacar adelante el trabajo que se nos encomendaba. Pudimos cometer algún error, pero las interpretaciones que hacíamos eran conformes a la ley». Con estas palabras finalizaba su declaración el extécnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes, Nacho Vázquez, durante el juicio por la ampliación del camping María Elena de Celorio celebrado ayer en Oviedo. Junto a él se sentó en el banquillo de los acusados el exarquitecto municipal Ángel Rami. A ambos se les imputa un supuesto delito de prevaricación urbanística por emitir varios informes favorables a dicha ampliación que derivaron en unas licencias cuya anulación se está ahora tramitando.

Tanto Rami como Vázquez defendieron la legalidad de sus informes, aseverando que las parcelas sobre las que se proyectó la ampliación eran suelo urbano. «Contaban con acceso rodado y todos los servicios exigibles, además de encontrarse en una zona consolidada», manifestó el exarquitecto municipal, quien indicó, además, que los terrenos «estaban integrados en la malla urbana de Celorio».

Una tesis que respaldaron no solo el extécnico de Urbanismo, también varios testigos. Entre ellos, el arquitecto José Pis, encargado de la redacción del plan general llanisco de 2003 -tumbado por los tribunales-, quien aseveró que el lugar en el que se proyectó la ampliación «es suelo urbano incontestable». De hecho, agregó, «tres equipos redactores diferentes encargados de elaborar tres planes urbanísticos diferentes por tres corporaciones diferentes así lo han considerado a lo largo de los años», en referencia a cómo tanto en el PGO de 2015 -desistido por el actual equipo de gobierno el mismo año- como en el documento de prioridades del que ahora se está elaborando consideran estas fincas como suelo urbano.

«El Plan del Litoral hace recomendaciones no vinculantes», aseveró el exarquitecto llaniscoLa fiscal señaló que los acusados «prescindieron de la legalidad de forma notoria» en sus informes

No se mostraron de acuerdo con esto otros testigos, como la actual técnica de Urbanismo, María Antonia Vigón, quien señaló que, a su parecer, «el suelo sobre el que se ejecutó la ampliación no es urbano y, por tanto, las licencias son nulas». Términos similares a los que utilizaron tanto el secretario de la CUOTA, José Antonio Cullía de la Maza, como la jefa del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, Mónica Fierro Fonseca.

No obstante, y según indicó la representante del ministerio fiscal, durante la sesión celebrada ayer no se trataba de ver si el suelo era «urbanizable o no», sino de si los informes fueron «arbitrarios y no correspondientes a derecho». En este sentido, tanto ella como los letrados de las acusaciones popular -ejercida por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes- y particular -Ayuntamiento-, señalaron cómo ninguno de los dos acusados solicitó un informe de la CUOTA, dada la ausencia de plan general en el concejo. Apuntaron, además, que en los informes elaborados se «omitieron» varios preceptos del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de 2005 que afectaban a dos de las nueve parcelas de la ampliación.

Informe de la CUOTA

El hecho de no haber solicitado una autorización a la CUOTA antes de informar favorablemente acerca del proyecto del propietario del camping lo justificaron Rami y Vázquez indicando que, al tratarse de las fincas afectadas de suelo urbano y teniendo en cuenta el acuerdo 237 de la Comisión Ejecutiva de la citada entidad, el Consistorio tiene competencia para otorgar licencias. Asimismo, el extécnico de Urbanismo señaló que «desde que en 2014 Avall denunció un movimiento de tierras en la zona de la ampliación la CUOTA tenía conocimiento de la misma y en ningún momento nos dijeron nada del POLA». Algo con lo que no se mostró de acuerdo el secretario de la comisión, quien aseveró que «tuvimos conocimiento de la ampliación cuando la Fiscalía nos preguntó por ello».

Precisamente en relación al Plan del Litoral las acusaciones señalaron cómo en el mismo el camping María Elena está categorizado como AA, lo que significa que presenta un impacto paisajístico severo. Es más, «se indicaba que debía desaparecer en un futuro», aseveraron, y preguntaron a los acusados por qué motivo «no hicieron prácticamente referencia al POLA en sus informes».

El plan, apuntó Rami, sí se tuvo en consideración, pero «llegamos a la conclusión de que no cabía aplicarlo». Y esto porque, explicó, «se trata de un documento que hace recomendaciones no vinculantes y si lo hubiera aplicado como un mandato jurídico habría prevaricado». Además, continuó, el POLA permitía en las dos fincas incluidas en su ámbito de afectación su uso para ocio pasivo y recreo extensivo, «que era precisamente lo que contenía el proyecto, pues las mismas se iban a destinar a zonas verdes».

Algo que, como cabía esperar, generó división de opiniones entre los diferentes testigos. Mientras unos, como el propio redactor del POLA, Ramón Fernández-Rañada, se mostraron de acuerdo con que sus recomendaciones no son vinculantes, otros, como Cullía de la Maza y Fierro Fonseca, indicaron que «dado su carácter supramunicipal y al no haber PGO en Llanes, sí hay que atender a estas recomendaciones».

Conclusiones

Tras más de cinco horas de juicio en las que, además de los acusados, prestaron declaración nueve testigos -al décimo, el concejal socialista José Manuel Herrero renunciaron las acusaciones que lo habían citado-, la fiscal concluyó que tanto Rami como Vázquez «prescindieron de la legalidad de una forma notoria» al elaborar sus informes, pues «no tuvieron en cuenta ni la normativa, ni las características de las parcelas». Por ello, les consideró culpables de un presunto delito de prevaricación urbanística y se reiteró en su petición de dos años y medio de prisión para cada uno, además de diez de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 13.500 euros. También solicitaron condena las acusaciones popular y particular.

La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución de los acusados y afeó que «los denunciantes han mentido sistemáticamente». Recalcó la legalidad de los informes emitidos por sus clientes e indicó que «no se ha demostrado que hubiese interés alguno, ni desprecio a la ley» en su proceder. El juicio quedó visto para sentencia.