La «caótica» gestión en Llanes permitió que una funcionaria despedida siguiera trabajando

Le dieron la carta de cese y ella la recibió y la firmó. Pero alguien le dijo que continuase yendo a trabajar al Ayuntamiento de Llanes y así lo hizo durante años. Sin contrato y sin que nadie hiciese nada por evitarlo, dado el «caos» reinante en el Consistorio en aquella época, el año 2009. El caso de la funcionaria llanisca que siguió trabajando tras haber sido despedida no llegará finalmente a juicio, pues desde la Fiscalía del Principado de Asturias han vuelto a solicitar el sobreseimiento provisional de la causa al no servir las diferentes diligencias practicadas para identificar al responsable de lo sucedido.

El fiscal ya se había expresado en el mismo sentido el pasado marzo, dictando auto de sobreseimiento la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes. Sin embargo, el 8 de abril el Ayuntamiento de Llanes presentó un recurso de reforma alegando que aún podían ser practicadas nuevas diligencias de investigación, cosa que la jueza aceptó, estimando dicho recurso en mayo y citando a nuevos testigos a declarar, entre ellos el interventor municipal.

Unos meses después, todo parece indicar que las nuevas testificales no arrojaron más luz sobre lo sucedido hace más de una década en el Consistorio llanisco. Es lo que se desprende de un nuevo escrito remitido hace varias semanas por el fiscal al juzgado en el que, de nuevo, interesa el sobreseimiento provisional, «dado que no existen indicios suficientes para atribuir los hechos denunciados al investigado –el entonces concejal de Personal, el socialista José Herrero–».

El ministerio fiscal considera probado que «en fechas no determinadas, pero en todo caso entre el 21 de enero y el 16 de febrero de 2009, algún responsable con funciones decisorias del entonces gobierno municipal del Ayuntamiento de Llanes –encabezado por Dolores Álvarez Campillo–, apartándose total y absolutamente de cualquier procedimiento administrativo y obrando en contra de la carta de cese de la trabajadora M. C. M. C. por finalización de su contrato, indicó a la misma que continuase prestando sus servicios, con nivel de administrativo y dentro del puesto de la RPT bajo el código 'URB10'».

Las nuevas diligencias practicadas, continúa el escrito, «con los responsables de la gestión administrativa del Ayuntamiento atribuyéndose unos a otros la responsabilidad de la falta de control de la actividad administrativa, en el mejor de los casos vienen a reforzar la conclusión caótica». Un caos que para el fiscal «muy probablemente» fue «buscado de propósito por el equipo municipal de gobierno de entonces».

Esto, agrega, permitió que M. C. M. C. continuara prestando sus servicios en el departamento de Urbanismo, Patrimonio y Obras y Servicios Públicos «sin cobertura contractual» desde el 16 de febrero de 2009, cuando debería haberse hecho efectivo su cese. Sin embargo, lamenta el fiscal, «más allá de las meras sospechas por cuanto resulta altamente increíble que esta situación fuera desconocida en una administración municipal del tamaño de la de Llanes, no se ha podido determinar, con la necesaria suficiencia para destruir la presunción de inocencia, que el investigado fuera la persona que decidió de forma ilegal la continuidad de la trabajadora, precisamente por esa situación de absoluto descontrol administrativo».