La Fiscalía acusa al exarquitecto de Llanes por la obra del María Elena de «prescindir de la legalidad»

Zona ampliada del camping María Elena, en Celorio./JUAN LLACA
Zona ampliada del camping María Elena, en Celorio. / JUAN LLACA

La acusación pública ha explicado que la actuación del exarquitecto municipal fue «un despropósito» porque no se trataba de ver si el suelo era «urbanizable o no»

EFE

La Fiscalía ha asegurado que el exarquitecto municipal de Llanes, que afronta una petición de dos años y seis meses de prisión por prevaricación urbanística, prescindió de la legalidad al emitir informes favorables para ampliar un cámping en la localidad llanisca de Celorio «obviando la normativa».

La acusación pública ha explicado que la actuación del exarquitecto municipal, A.R., fue «un despropósito» porque no se trataba de ver si el suelo era «urbanizable o no», sino de si los informes fueron «arbitrarios y no correspondientes a derecho».

El exarquitecto se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo junto a un técnico municipal, I.V.

Ambos acusados, según la versión fiscal, elaboraron informes vinculantes, en abril de 2012, para la ampliación del cámping prescindiendo de la normativa urbanística de aplicación.

Entre otros, según la acusación, omitieron varios preceptos del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de 2005, lo que implicaba que estaba considerado fuera de ordenación, además de omitir que abarcaba parcelas que se encontraban dentro del ámbito de afectación del propio POLA.

Asimismo, según el relato fiscal, no se tuvo en cuenta la normativa sobre campamentos de turismo, ni la realidad física de las parcelas sobre las que se solicitaba la ampliación, pese a lo cual informaron favorablemente la concesión de la licencia que, finalmente, fue concedida por resolución de 25 de marzo de 2014.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) informó en sentido contrario a la autorización, en 2016, y concluyó que la licencia municipal para ampliar 7.693 metros cuadrados para área de autocaravanas excedía claramente su objeto.

La Fiscalía considera que ambos acusados incurrieron en un delito de prevaricación urbanístiva y solicita una condena individual de dos años y seis meses de prisión y multa de 18 meses a razón de 25 euros el día.

Además pide su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años que se concreta en la imposibilidad de desempeñar cualquier tipo de negocio jurídico con una administración pública, territorial, corporativa, institucional o, en general, que forme parte del sector público estatal, autonómico o local.

La defensa, por el contrario, ha pedido la libre absolución de ambos acusados al asegurar que la denuncia se basa «en falsedades» y ha considerado «totalmente desmesurado» que se les pida dos años y seis meses de cárcel y diez años de inhabilitación.