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TERRY BASTERRA
LLANES.
Martes, 8 de agosto 2017, 06:27
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A falta de que una empresa externa concluya la elaboración de los presupuestos municipales para este 2017, las cuentas de 2016 siguen dando de qué hablar. La Fiscalía del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación respecto a la contratación de una asesoría externa para analizar las cuentas del municipio. Sobre esta cuestión el interventor municipal ya elaboró un informe en el que aseguraba que en el proceso de adjudicación de estas tareas se cometieron varias presuntas irregularidades. De hecho este funcionario municipal presentó un reparo contra aquella contratación, el cual que fue levantado en el pleno del pasado mayo, apoyándose la decisión del gobierno local en el informe realizado por el abogado consistorial.
Aunque no ha trascendido quién ha presentado la denuncia ante la Fiscalía por unas presuntas irregularidades en la contratación de esta empresa externa, el Ministerio Público sí que ha aclarado que el proceso abierto no se dirige hacia ninguna persona en concreto.
Días después, según figura en el informe del secretario, el 16 de septiembre, el alcalde avocó las competencias a Juan Carlos Armas, en materia de contratación, «únicamente para la adjudicación de la contratación de asistencia y consultoría para aclarar dudas sobre la legalidad y oportunidad de determinados aspectos del proyecto del presupuesto municipal para 2016». Ese día se dicta también otra providencia en la que varía el contenido de la anterior, pasando a contratar un análisis sobre la verificación de la cuenta de liquidación. También el 16 de septiembre se adjudica a la empresa NuVe Consulting estos trabajos por un importe de 9.982 euros.
En el informe del secretario se respaldan los argumentos recogidos en su día por el interventor municipal. Se indica que «resulta obvio que NuVe presenta su oferta con anteriodidad a habérsele requerido por escrito, incluso del inicio del expediente, lo cual, independientemente del tipo de contrato, vulneraría el transparencia, legalidad y concurrencia». «Incluso en la oferta de NuVe Consulting consta lo siguiente: nuestra propuesta está basada en las conversaciones mantenidas con ustedes como representantes del ayuntamiento», añade.
En el informe enviado a la Fiscalía, dentro de las diligencias de investigación, también se califica de «grave», como ya hizo el interventor en su día, que se le hubiese facilitado a la empresa adjudicataria «un usuario para acceder a la contabilidad municipal pudiendo haberse socavado datos protegidos por la ley». Esto fue desaprobado por el interventor, que interpuso el ya mencionado reparo, al considerar que se estaba produciendo una «usurpación de competencias exclusivas» reservadas para este funcionario, quien informó con reparos respecto a la aprobación del gasto para costear aquellos trabajos.
El documento enviado a la Fiscalía recuerda que Vecinos por Llanes votó en contra de la aprobación inicial de las cuentas de 2016, mientras que el resto de sus socios de gobierno (PP, Foro e IU) lo hicieron a favor. El secretario atribuye en su informe a que la contratación de ese análisis de las cuentas con fondos municipales fue una «exigencia» de la agrupación de Vecinos por Llanes a la que pertenece el grupo municipal. Para este funcionario lo que se hizo fue contratar «a sabiendas de su ilegalidad, una auditoría externa», que «se vulneró el principio de legalidad en la tramitación del contrato menor de estos servicios, al conocer la empresa adjudicataria, los datos y documentos previo a la providencia de iniciación del expediente, con claro perjuicio de otras partes invitadas y del interés público».
En el caso de los contratos menores de las administraciones públicas -aquellos menores a los 18.000 euros en el caso de los servicios-, la ley determina que se podrán adjudicar directamente a cualquier empresario.
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, rechazó ayer realizar declaraciones sobre esta investigación, pero sí se mostró tranquilo respecto a ella. Se espera que la Fiscalía, que ya ha finalizado las diligencias de investigación, se pronuncie en próximas semanas sobre si las archiva, en caso de que no aprecie la comisión de un posible delito o, en caso de percibir indicios de lo contrario, presente la pertinente denuncia ante el juzgado. El Ministerio Público tiene la obligación de iniciar una investigación siempre que se denuncian ante este organismo unos posibles hechos delictivos.
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