La Fiscalía pide siete años de inhabilitación para una edil socialista de Llanes

El ministerio fiscal solicita la apertura de juicio oral contra Sandra García por supuesta prevaricación en un contrato de 2012

G. P.LLANES.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la concejala socialista de Llanes Sandra García por un presunto delito de prevaricación. En el escrito del fiscal, con fecha del 5 de septiembre, indica además que «procede imponer a la acusada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años». El caso en cuestión está relacionado con una supuesta contratación irregular de una monitora de actividades en el centro social El Rinconín y el Centro Cultural de Vidiago en 2012, durante su etapa como edil de Promoción de Mayores en el último mandato socialista.

La Fiscalía acusa en su escrito a García de haber realizado la contratación «sin competencia para ello ni ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma personal, verbal y directa, atendiendo a su mera voluntad en la elección de la persona a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público». Indica además que la trabajadora en cuestión percibió del Ayuntamiento 33.075,5 euros por sus servicios entre octubre de 2012 y junio de 2016. Fue en esa última fecha, continúa el fiscal, cuando «se detectó la falta de contrato por parte de la nueva concejal». Como medios de prueba en el juicio oral, propone la Fiscalía el interrogatorio de García y la testifical tanto de la persona contratada como de la exedil del cuatripartito Soledad Celorio.

Por presuntas irregularidades en contratos también figuran como investigados en una pieza separada otros dos integrantes del último gobierno del PSOE, Emilio Carrera y José Herrero. Los socialistas han interpuesto por su parte un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del Juzgado llanisco en el que piden el sobreseimiento de sus casos, ya que dicen haberse encontrado con los servicios ya contratados a su llegada y sostienen que no se emitió ningún reparo por parte de los servicios de Secretaría e Intervención al pago de las facturas.