El interventor llanisco acusa al gobierno de querer «engañar» sobre su trabajo

Marián García de la Llana conversa con Gregorio García, interventor municipal al que pretende abrir un expediente disciplinario, este viernes, antes del Pleno en el Ayuntamiento de Llanes. /  NEL ACEBAL
Marián García de la Llana conversa con Gregorio García, interventor municipal al que pretende abrir un expediente disciplinario, este viernes, antes del Pleno en el Ayuntamiento de Llanes. / NEL ACEBAL

El funcionario asevera en un informe que los ediles sí sabían que se incumplía el pago a proveedores y que eso impedía ejecutar las inversiones sostenibles

LUCÍA RAMOS

Continúa la polémica en torno a las malogradas inversiones financieramente sostenibles de 2018. Después de que, apoyándose en sendos informes del Principado y el Ministerio de Hacienda, la teniente de alcalde, Marián García de la Llana (Foro), pidiera esta semana al alcalde que abra un expediente disciplinario al interventor municipal para dilucidar si existen responsabilidades en su forma de actuar, EL COMERCIO ha tenido acceso a un informe elaborado por el propio funcionario en el que acusa al equipo de gobierno de «verter desinformación maliciosa» sobre su trabajo.

En el documento, fechado el pasado 28 de diciembre, Gregorio García hace un repaso al desarrollo de los acontecimientos que hicieron que el pasado año no se pudieran destinar 1,4 millones de euros a una serie de obras en el concejo al incumplirse el plazo máximo de pago medio a proveedores por deber el Ayuntamiento de Llanes 23 facturas por valor de unos 300.000 euros desde finales de 2017.

En este sentido, el interventor critica que De la Llana le responsabilizase en una comparecencia el pasado 23 de noviembre de no haber hecho una previsión de gasto. «No es cierto que las facturas se quedasen sin crédito por no haber hecho las retenciones sobre los gastos periódicos», indica el funcionario, y recuerda que este tipo de incidencias se solventan habitualmente mediante un expediente de modificación de crédito, algo que «es conocido por el equipo de gobierno». El problema de la falta de dinero, agrega, «está vinculado íntimamente con la situación administrativa-presupuestaria que vive el Ayuntamiento», pues «ni en 2017 ni en 2018 se ha aprobado el necesario presupuesto municipal».

En cuanto a los reparos que puso el pasado mes de julio contra el pago de las citadas facturas por carecer la partida correspondiente de crédito, el alto funcionario reconoce que recomendó en diferentes informes llevar a cabo una revisión de oficio de las mismas antes de proceder al levantamiento y al reconocimiento extrajudicial de crédito en el Pleno. Un parecer que dista del de la secretaria accidental, quien emitió un informe el 26 de octubre en el que indicaba no era necesario iniciar el procedimiento más largo.

Pues bien, el interventor asevera que, basándose en este último informe, el equipo de gobierno podría haber procedido a levantar sus reparos y hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar las facturas en un Pleno si lo hubiese deseado. Es decir, rebate que su recomendación de llevar a cabo una revisión de oficio impidiese, como señalaron en varias ocasiones desde el cuatripartito, llevar a cabo estas operaciones antes de que finalizase el año, pues sus informes no eran vinculantes.

Otro de los argumentos del equipo de gobierno que el alto funcionario niega tajantemente es el de que no se les informara hasta octubre de que se incumplía el pago medio a proveedores y esto impedía ejecutas las inversiones. Esa condición, asevera, se transmitió a los concejales en varias ocasiones, como en un informe del 13 de junio de 2018, a principios de julio en una conversación y en un expediente de modificación de crédito del 7 de agosto de 2018 que, además, fue llevado a Pleno. Asevera, asimismo, que «no es cierto que no informe directa y periódicamente del estado del pago medio a proveedores al equipo de gobierno, como se sostuvo en el Pleno de diciembre».

Culpables

Finalmente, el interventor califica de «malintencionadas» algunas de las manifestaciones efectuadas por la teniente del alcalde a quien, asevera, rogó en varias ocasiones que «dijera la verdad» acerca de todo lo ocurrido. De las palabras de De la Llana y sus compañeros, asevera, «se concluía que los culpables eran especialmente los funcionarios de habilitación nacional y, en particular, el interventor». Algo que considera que es «una barbaridad».

En su escrito, Gregorio García muestra su total «rechazo» hacia «la falta de consideración a los funcionarios de habilitación nacional, a su labor, a sus funciones, a su dignidad y a su profesionalidad» que, bajo su criterio, muestran los miembros del equipo de gobierno. Algunas de las diferentes «incorrecciones y falsedades» manifestadas por la teniente de alcalde y sus compañeros de gobierno en diversas comparecencias y plenos se hicieron, a su juicio, «con ánimo de engañar».

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