A juicio una exedil socialista de Llanes por conceder una ayuda municipal a un maltratador

Silvia Ruenes aprobó la concesión de 1.500 euros a un llanisco para que eludiese la cárcel tras incumplir una orden de alejamiento de su expareja

LUCÍA RAMOS LLANES.

Formaba parte de la Comisión de Violencia de Género de Llanes y, aún así, aprobó la concesión de un ayuda municipal a un maltratador condenado para que pudiese eludir la cárcel por incumplir la orden de alejamiento de su expareja impuesta por el juez. Es lo que sostiene la Fiscalía del Principado, quien solicita para la exconcejala socialista de Asuntos Sociales, Silvia Ruenes, nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerar que los hechos cometidos al conceder dicha ayuda, destinada a emergencias sociales, son constitutivos de sendos supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, el 1 de abril de 2014 R. A. B. «solicitó al Ayuntamiento de Llanes la prestación de una ayuda de 1.500 euros para el 'pago de una multa urgente y no ir a prisión'». Dicha solicitud, continúa, «le fue cumplimentada de puño y letra por la acusada, concejal de Asuntos Sociales e integrante de la Comisión de Violencia de Género, quien, a su vez, aprobó su concesión, previa valoración favorable de una trabajadora social», a quien la Fiscalía también acusa de los mismos presuntos delitos que a la exedil. La ayuda fue aprobada, incide el escrito, «pese a que no se cumplían los requisitos necesarios para su otorgamiento, puesto que no respondía a la finalidad para la que se habían establecido tales ayudas, pues no se trataba de ninguna emergencia social con ocasión de alguna calamidad acontecida o por necesidad sobrevenida».

Y es que, según el relato del ministerio fiscal, la «multa urgente» a la que había aludido R. A. B. al solicitar la prestación no era otra que la que le impuso el titular del Juzgado de Primera Instancia de Llanes el 13 de diciembre de 2012 por un delito de quebrantamiento de sendas penas de prohibición de aproximación y comunicación con su compañera sentimental. Esta orden de alejamiento fue impuesta a su vez por el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo en una sentencia del 23 de mayo de 2005 en la que el llanisco fue condenado como autor de dos delitos de lesiones a su pareja.

La Fiscalía la acusa de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos La exedil se enfrenta, junto a una trabajadora social, a nueve años de inhabilitación

En la sentencia de 2012 se impuso a R. A. B. una pena de doscientos días de prisión que fue sustituida por doscientos días de multa con una cuota diaria de cinco euros. Es decir, mil euros que se le permitía abonar de forma fraccionada en 24 plazos mensuales. Sin embargo, el condenado dejó de pagar, por lo que en enero de 2014 se acordó el cumplimiento de la pena de cárcel.

Fue entonces, sostiene el ministerio fiscal, cuando R. A. B. refirió en el juzgado que «ingresaría voluntariamente», pero que tenía solicitada a través de su letrado «la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad», y acudió al Ayuntamiento de Llanes, «donde conocía a sus integrantes por haber trabajado a su servicio en diferentes periodos». En apenas cuatro días, el 4 de abril de 2014, Silvia Ruenes resolvió conceder la mencionada cantidad de 1.500 euros «en concepto de ayuda económica de carácter social y urgente» y «con cargo a Emergencia Social 2014».

Es decir, agrega la Fiscalía, «los fondos públicos fueron destinados, sin justificación alguna, a que un ciudadano eludiera su responsabilidad personal derivada de la comisión de un hecho delictivo, vulnerando lo preceptuado en la Ley del Principado de Servicios Sociales». Por ello, acusa a la exconcejala socialista y a la trabajadora social de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y pide para ellas nueve años de inhabilitación, así como que se les condene a indemnizar de forma conjunta al Ayuntamiento de Llanes en la cantidad de 1.500 euros, por la ayuda que fue posteriormente anulada judicialmente.

La vista oral tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, a las diez de la mañana, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

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