La justicia desestima la reclamación de seis millones del Palacio de Luces

Momento de la votación de uno de los puntos del orden del día en el Pleno de ayer de Colunga. /  CUETO
Momento de la votación de uno de los puntos del orden del día en el Pleno de ayer de Colunga. / CUETO

El Pleno de Colunga da cuenta de la sentencia que les da la razón, pero que aún puede ser recurrida por el hotel ante el Tribunal Superior

G. POMARADACOLUNGA.

El Ayuntamiento de Colunga no tendrá que abonar la compensación millonaria demandada por el hotel Palacio de Luces al desestimar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón la reclamación patrimonial presentada. Así se indicó ayer desde el Ayuntamiento de Colunga durante el Pleno ordinario, en el cual recordaron que la sentencia da la razón en primera instancia a los intereses municipales. No obstante, contra la decisión judicial cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La sociedad propietaria del complejo turístico presentó dos años atrás una reclamación de seis millones de euros al Ayuntamiento colungués como compensación por no haberse desarrollado el convenio urbanístico alcanzado en 2004, por el cual se abría la puerta a una recalificación de varias parcelas en el entorno del hotel en las cuales la sociedad tenía previsto construir cerca de una veintena de chalés. Ese acuerdo nunca se llegó a materializar al rechazar la CUOTA en 2014 el Plan General de Ordenación (PGO) de Colunga, ya que percibieron «un crecimiento insostenible» en el concejo. A lo largo de esos años, propietarios y Ayuntamiento trataron de llegar a un acuerdo sin éxito, por lo que finalmente la cuestión acabó en los tribunales.

Modificación urbanística

Ángel Roza toma posesión como edil del PSOE y Griselda Artime renuncia por Ciudadanos

También en materia urbanística, el Pleno dio ayer luz verde por unanimidad a una modificación puntual de las normas subsidiarias que permitirá una mayor flexibilidad a la hora de acometer rehabilitaciones y obra nueva en enclaves como La Isla, donde «la gente no podía hacer reformas en las viviendas al estar agotados los solares», explicó la edil de Urbanismo, Blanca Gayo. La modificación atañe también a una parcela de unos dos mil metros cuadrados de Lastres, en las inmediaciones de la Casa del Mar, que «es suelo urbano pero no estaba calificado como tal», indicó la edil, y precisó que el Consistorio no tiene planes para ese espacio concreto. Esos cambios en las normas subsidiarias, que deben ahora recibir el visto bueno de la CUOTA, serán los últimos introducidos según las previsiones del gobierno presidido por Sandra Cuesta, que apuesta por sacar adelante un nuevo plan general.

En materia de obras, la corporación coincidió en la necesidad de realizar una reforma integral en el colegio público Braulio Vigón, dado su «mal estado», si bien la alcaldesa recordó que el papel de los ayuntamientos se limita al mantenimiento y debe ser el Principado quien acometa la inversión. Este verano, la Consejería de Educación ha cambiado parte de las ventanas, por lo que el Pleno aprobó una bonificación del ICIO a su favor. Por su parte, el Consistorio ha adecuado pintura y suelos del centro escolar.

La de ayer fue además una sesión plenaria de entradas y salidas. El socialista Ángel Roza tomó posesión de su cargo como concejal tras la renuncia de la también diputada autonómica Esther Freile, al no permitir el PSOE desempeñar simultáneamente más de un cargo institucional de elección directa. Por su parte, la concejala de Ciudadanos Griselda Artime presentó su renuncia por «motivos personales».

Dentro del orden del día figuraron además autorizaciones en montes de utilidad pública. Una de ellas correspondiente a la celebración del V Trail del Sueve la Pisada del Diantre, el próximo 29 de septiembre. La corporación colunguesa dio luz verde a la colocación de una placa en la base de la Cruz de Pienzu, tal y como había solicitado la asociación deportivo cultural La Huella. Asimismo, el Pleno aprobó una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) dada la inminente jubilación del tesorero, cuyo puesto tendrá que ser desempeñado por un funcionario habilitado nacional. Ello implicará un incremento en el capítulo de costes de personal superior a los 23.000 euros.