La justicia ve indicios de «criminalidad» en contratos de la exregidora de Ponga

El caso en cuestión por el que se investiga a la exregidora pongueta atañe a la supuesta contratación irregular de empleados, que habrían desempeñado tareas en distintos ámbitos municipales sin pasar los preceptivos procesos de selección. En las diligencias practicadas hasta la fecha, incoadas tras la denuncia de Fiscalía, la jueza de Cangas de Onís ve «indicios bastantes de criminalidad, con la provisionalidad propia del momento procesal, para imputar a Mercedes Traviesa».

La exregidora llegó a la alcaldía de Ponga en 2013 tras la inhabilitación de su compañero de partido Cándido Vega por delitos contra los recursos naturales, prevaricación y desobediencia cometidos durante su primer mandato, siendo regidor por URAS-PAS.

Por su etapa al frente del equipo de gobierno forista, Traviesa se enfrenta a más presuntas irregularidades, como el cobro de dietas sin justificar, tal y como puso en conocimiento del Ministerio Fiscal el Ayuntamiento pongueto. También la Sindicatura de Cuentas trasladó al Tribunal de Cuentas la misma presunta infracción, que habría alcanzado el pago de 25.000 euros en retribuciones.

La exregidora no es la única del anterior gobierno pongueto que se enfrenta a la investigación judicial. También Cándido Vega fue denunciado por la Fiscalía a principios de este 2018 por supuestos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. En los escritos del Ministerio Fiscal se incluyen también los nombres de concejales como Víctor Ibáñez y Ángel María Collado en calidad de presuntos coautores.

En total, Ponga acumula una docena de supuestas irregularidades de la etapa de Vega y Traviesa por cuestiones que van desde la adquisición de chorizos y vino, pasando por lotes de colonia y televisores, cementerios que no cumplen la normativa sanitaria y un sinfín de facturas y contratos.