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LUCÍA RAMOS
BELEÑO.
Jueves, 8 de noviembre 2018, 00:33
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Nuevo capítulo en el periplo judicial que atraviesan el Ayuntamiento de Ponga y sus dos últimos alcaldes, los foristas Cándido Vega y Mercedes Traviesa. Si el pasado septiembre se sabía que la justicia había visto indicios de criminalidad en varias contrataciones realizadas por esta última durante su mandato, solicitando entonces el gobierno local la apertura de juicio oral, ahora acaba de suceder lo mismo con su predecesor en el cargo.
Según se recoge en un auto del Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís al que tuvo acceso este diario, de las diligencias practicadas por el mismo «resultan indicios bastantes de criminalidad, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos hallamos, para imputar a Cándido Vega» por, supuestamente, haber llevado a cabo varias contrataciones irregulares durante sus años al frente del Consistorio pongueto. Concretamente, el documento se refiere a la contratación de hasta cuatro trabajadores durante los años 2011 y 2012 que el exregidor habría llevado a cabo, presuntamente, «de forma directa, sin procedimiento de selección y fuera del legalmente establecido».
Según indica en su escrito la titular del juzgado cangués, los hechos descritos «podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa», por lo que acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas para preparar un posible juicio oral. Tal decisión ya fue trasladada a la Fiscalía del Principado, así como la acusación y la defensa a fin de que puedan solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
Desde el actual equipo de gobierno adelantaban ayer su intención de solicitar, como ya hicieran en septiembre con el caso de Mercedes Traviesa, la apertura de juicio oral a Cándido Vega para aclarar si, como denunció hace meses el ministerio fiscal, el exalcalde cometió un supuesto delito de prevaricación administrativa en la contratación de personal que desempeñó todo tipo de labores- desde la de arquitecto municipal a la de trabajadora de ayuda a domicilio, entre otras- sin seguir ningún procedimiento.
Hace apenas un mes ambos exalcaldes eran condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver 42.000 euros que pasaron al Ayuntamiento de Ponga en forma de dietas sin justificar.
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