Kaype, el derribo que no termina

Según pudo saber este diario, tanto el Ayuntamiento de Llanes como la propiedad del inmueble respondieron al escrito de la magistrada haciéndole llegar un informe técnico que explica y justifica los motivos por los que determinadas estructuras se dejaron en pie, con la intención de «no debilitar la parte construida». Un documento que, aseveraban ayer fuentes cercanas a la propiedad, «la jueza ya tenía», pues estaba incluido en el proyecto de demolición «que se aprobó y se siguió» en todo momento.

De esto hace ya casi cinco meses y, sin embargo, todavía no hay un posicionamiento definitivo por parte de la jueza, por lo que un año después del comienzo del derribo de la parte ampliada del Kaype sigue sin saberse si éste ya finalizó o, por el contrario, debe extenderse a más estructuras. De ser así, la cuantía de la indemnización que vaya a solicitar la propiedad -y que el pasado junio se cifró en 18 millones de euros- podría sufrir modificaciones. «Hasta que la jueza no se pronuncie no podremos dar por cerrada esta parte del proceso y pasar a la solicitud de la compensación», indicaron estas mismas fuentes.

Tampoco la vía penal ha terminado, pues hace algo más de un mes el representante de la Fiscalía del Principado asignado al caso decidía recurrir la sentencia dictada a mediados de marzo por la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, en la que absolvía al exarquitecto municipal del cargo de prevaricación urbanística que se le imputaba. Poco después la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), que ejerce la acusación popular en este caso, anunciaba su intención de adherirse a dicho recurso. Ahora queda esperar a que tenga lugar la correspondiente vista de apelación en la Audiencia Provincial para decidir si se estiman o no los recursos.

A. R. N. era la única de las siete personas investigadas en un primer momento cuya causa no fue sobreseída en julio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El magistrado instructor decidió entonces que no había evidencias firmes para acusar a la exalcaldesa llanisca y hoy diputada regional, Dolores Álvarez Campillo; el exedil de Urbanismo y actual portavoz del PSOE, José Herrero; la arquitecta y el secretario municipales, el TAG de Urbanismo y el responsable del estudio de arquitectura redactor del proyecto.